El Gobierno del estado de Puebla anunció una última vía de regularización para 3 mil 137 concesionarios de transporte público que no cumplieron con la Revista Vehicular 2025, pero deberán pagar multas de hasta 26 mil pesos para no perder su permiso.
En rueda de prensa, la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, aclaró que esta no es una prórroga, sino una sanción económica por incumplir la ley. Quienes no se regularicen voluntariamente enfrentarán operativos y la revocación de su concesión.
Silvia Tanús Osorio, secretaria de Movilidad y Transporte del estado de Puebla. Foto: Anel Esgua / EsImagen
¿Qué deben hacer los transportistas?
1. Pagar la multa en la Secretaría de Movilidad: de aproximadamente 18 mil pesos (165 UMA), si acuden voluntariamente a la Secretaría.
2. Presentarse en el estacionamiento del estadio Cuauhtémoc para la inspección física y mecánica.
3. Recoger placas y documentación vigente.
Si son detectados en un operativo sin haberse regularizado, la multa subirá a 245 UMA (unos 26 mil pesos).
Manifestación y reducción de unidades
Mientras se anunciaba la medida, unos 100 transportistas se manifestaron frente a la Secretaría de Movilidad y Transporte. Denuncian que el 60% no pasó la Revista y que muchos dejaron de trabajar por miedo a las sanciones, lo que redujo la oferta de transporte este martes.
Foto: Ulises Raziel Juárez Guarneros / EsImagen
Los manifestantes negaron hacer “chantaje” y explicaron que sus ingresos no les permiten cumplir fácilmente después de años sin un ajuste tarifario redituable.
Padrón depurado: de 37 mil a 24 mil 730 concesiones
El Gobierno estatal realizó una depuración del padrón, eliminando concesiones de personas fallecidas o vehículos sin actualizar en más de 12 años. Del padrón actual, 21 mil 786 trámites ya están en regla.
El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que el objetivo es poner orden y garantizar la seguridad de los usuarios, apoyando especialmente a dueños de una o dos unidades.
Mensaje claro a líderes y grupos de poder
Silvia Tanús fue contundente: “atenderemos a los transportistas de manera individual; no a organizaciones que han visto en el transporte público un negocio”.
Asimismo, la titular de movilidad y transporte descartó nuevas concesiones en tanto las unidades que ofrecen el servicio no sean modernizadas.
Con esto, el Gobierno busca equilibrar la aplicación de la ley con el apoyo al sector, priorizando siempre la seguridad de las más de 22 mil familias que dependen de esta actividad.
