El Gobierno del estado de Puebla presentó una iniciativa de reforma al Código Penal local para endurecer las sanciones contra el delito de despojo inmobiliario, que en su forma más grave podría alcanzar hasta 20 años de prisión, como parte de un esfuerzo por frenar las operaciones relacionadas con este delito.
La propuesta, enviada por el gobernador Alejandro Armenta al Congreso del estado, fue detallada por el coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, quien explicó que el objetivo es aumentar las agravantes y modalidades de este ilícito, con penas significativamente mayores a las actuales.
Actualmente, el delito de despojo se castiga con penas que van de tres meses a tres años de prisión. Con la reforma planteada, la sanción base aumentaría a entre seis y 12 años de cárcel.
Además, quienes financien, coordinen o sean autores intelectuales de estos actos podrían enfrentar penas de hasta 15 años. Si el despojo se comete con fines comerciales, por ejemplo, para vender la propiedad obtenida ilegalmente, la condena podría incrementarse hasta llegar a los 20 años de prisión.
Entre las agravantes que elevarían las sanciones se incluyen la comisión del delito en agravio de adultos mayores, menores de edad, personas con discapacidad o comunidades indígenas; la intervención de servidores públicos; el uso de documentos falsos o la participación dolosa de notarios públicos para facilitar el fraude.
La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno estatal para combatir redes de despojo de propiedades y prácticas fraudulentas que han generado preocupación social. Autoridades han señalado que estas prácticas han involucrado a particulares y servidores públicos en diversos municipios, lo que ha provocado un aumento de las denuncias por despojo en la entidad.
El proyecto de reforma será analizado por el Congreso de Puebla, donde los legisladores definirán si se avalan los cambios propuestos para endurecer las penas por despojo inmobiliario.
