La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisar el caso de la Fundación Mary Street Jenkins, ubicada en Puebla, por posibles delitos de fraude fiscal, lavado de dinero y desvío de recursos.
Durante la conferencia “Mañanera del pueblo”, Sheinbaum respondió a una pregunta sobre el manejo de los recursos del fideicomiso, que habría alcanzado un patrimonio superior a 14 mil millones de pesos y cuyos fondos fueron presuntamente trasladados a paraísos fiscales en Barbados y Panamá. “Sí, por supuesto. Pedimos a la UIF que lo revise”, expresó la mandataria.
La periodista que abordó el tema presentó documentación que muestra una presunta triangulación financiera de la Fundación Jenkins, cuya misión original era la beneficencia pública en Puebla. A su vez, recordó que el gobernador Alejandro Armenta Mier ya instruyó un análisis para determinar si es posible recuperar los recursos desviados.
Este caso tiene una larga historia. En 2016, Guillermo Jenkins denunció a su propia familia por el presunto saqueo de los fondos de la fundación, con un daño patrimonial estimado en más de 720 millones de dólares. Desde entonces, la disputa legal ha afectado directamente a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), institución administrada por la fundación, que incluso permaneció cerrada durante siete meses en 2021 por conflictos en su patronato.
Aunque en junio de 2025 un tribunal de Toluca invalidó las órdenes de aprehensión contra seis integrantes de la familia Jenkins, la UIF retomará la investigación financiera por instrucción directa de la presidenta.
