El Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla alertó a las empresas sobre las severas multas a las que podrían ser acreedoras si no cumplen con la recién reformada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente conocida como la Ley Anti-Lavado.
Las sanciones económicas pueden ir desde los 22 mil 628 pesos hasta los 7 millones 354 mil 100 pesos, según el tipo y gravedad de la infracción.
Sandra Berenice Espinoza Moreno, coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio, explicó que las principales faltas detectadas incluyen el uso excesivo de pagos en efectivo, la omisión en el análisis de clientes y la falta de respuesta a requerimientos del SAT (Servicio de Administración Tributaria).
Espinoza Moreno detalló que, a raíz de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de julio de 2025, ahora son 17 las actividades clasificadas como vulnerables que deberán reforzar sus controles internos. Entre estas se encuentran sectores como el inmobiliario, concesionarios de autos, casas de empeño, joyerías, casinos, galerías de arte, emisores de tarjetas, plataformas de activos virtuales, servicios de blindaje, entre otros.
📰 ¡Nueva Ley Anti-Lavado en marcha!
🚨Ahora 17 actividades vulnerables estarán bajo escrutinio, incluyendo inmobiliarias, agencias de autos y comercializadoras de joyas, informó Berenice Espinoza Moreno.#RetoDiario
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— RETO diario (@retodiariomx) August 19, 2025
En su intervención, el presidente del Colegio, José Darío Zamora Mendoza, subrayó la importancia de capacitar a los profesionales del sector y anunció que el organismo ha puesto en marcha un programa especializado de formación dirigido tanto a contadores como a responsables de actividades vulnerables, con el objetivo de prevenir posibles sanciones y contribuir a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La reforma entró oficialmente en vigor el 17 de julio de 2025 y busca robustecer los mecanismos de supervisión y control financiero en el país, en cumplimiento con los lineamientos establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
