La Secretaría de la Función Pública (SFP) de Puebla sigue en periodo de investigación para determinar responsabilidades administrativas por los “hoyos financieros” provocados durante la administración del fallecido Miguel Barbosa Huerta, señaló el titular de la dependencia, Juan Carlos Moreno Valle Abdala.
Precisó que aún continúan en la etapa de verificar minuciosamente la documentación por la inversión de más de 600 millones en Accendo Banco, institución que se declaró en quiebra.
El secretario estatal de la Función Pública dijo que aún no se ha integrado ninguna carpeta de presunta responsabilidad administrativa, porque siguen en periodo de investigación.
Aunque se había dicho que para finales de 2023, la Secretaría de la Función Pública estaría por definir si hubo irregularidades en la inversión de recursos públicos por 600 millones de pesos en Accendo Banco, la cual aprobó la exsecretaria de Planeación y Finanzas, Teresa Castro Corro.
La institución financiera que, por cierto, quebró en 2021, aún no regresa la inversión que realizó el Gobierno del estado.
El mismo Moreno Valle Abdala dijo que antes de culminar el 2023 se estaría conociendo quién o quiénes fueron responsables de ocasionar un daño patrimonial al erario, tras destinar el recurso público.
Las investigaciones, aseveró, siguen su curso y aunque hay varios funcionarios y exfuncionarios que han sido llamados a declarar para esclarecer algunas observaciones, aún no hay expediente de responsabilidad administrativa iniciado.
Deuda con el SAT también sigue en investigación
En el caso de la deuda de los 2 mil 600 millones de pesos que el Gobierno del estado pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), derivado de un descuido financiero que la administración estatal pagó, aunque después logró recuperar mil 900 millones.
Sin embargo, surgió otro crédito fiscal por 722.3 millones de pesos ante el SAT, debido a que no se reportó el concepto de despensa para personal se magisterio. Los intereses por este crédito son de más de 8 millones de pesos al mes.
Por estos hechos, el procurador fiscal presentó una denuncia y la Secretaría de la Función Pública sigue en periodo de investigación, también para determinar si hay alguna responsabilidad administrativa.
“En los dos casos se continúa en etapa de investigación, no está integrada ninguna presunta responsabilidad administrativa hasta el momento”, precisó.
