El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sugirió que la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava, tiene la obligación de responder sobre el tema de los boquetes financieros en Puebla.
En conferencia de prensa, y en relación a las declaraciones que Amanda Gómez ha realizado sobre estar impedida para informar en relación a la inversión de 600 millones de pesos a Banco Accendo, cuando era titular de la Secretaría de Función Pública, el mandatario precisó que hay que ver que le impide o que le permite la ley.
Sin embargo, advirtió que la hoy auditora era funcionaria desde entonces y tiene la obligación de pronunciarse como tal, para dar respuesta con puntualidad a la sociedad de qué fue lo que sucedió y como se ejecutó.
“La auditoría es una institución que no depende de una sola persona, y tiene contemplado en el marco legal de cómo se tiene que rendir cuentas de todo; están obligados todos, y no hay excusa, la autoridad tiene que hacer lo propio”, refirió.
Agregó, en cuanto a las aseveraciones de la líder del PAN Estatal, Augusta Díaz de Rivera Hernández, sobre la renuncia de Amanda Gómez, que se debe analizar el tipo de posición en que lo hace, si es política o técnica.
Destacó que confía en que el Congreso del Estado, donde están los representantes de los ciudadanos, existen mecanismos para llevar las cuentas de cómo están haciendo su trabajo.
Por otra parte, el gobernador Sergio Salomón Céspedes recordó que por las deudas y herencia de los gobiernos panistas tuvieron que pagar un crédito fiscal por 2 mil 700 millones de pesos.
Lo anterior, debido a las críticas que el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, realizó de que a él no se le pierden 600 millones de pesos.
“Hay que tener memoria, revisarlo todo con mucha puntualidad, y se ha informado de todo, por un lado, los 600 millones de pesos y por lado un crédito fiscal de 2 mil 700 millones”, precisó.
Recordó, además, que existe un litigio para recuperar los 600 millones de pesos que en el 2021 el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta invirtió en Accendo Banco, y cuya institución se declaró en quiebra.
Puntualizó que el Gobierno del Estado arrastraba una deuda de 2 mil 700 millones de pesos por una deuda ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) generada por una irresponsabilidad financiera cometida en la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle.
El conflicto tuvo su origen en 2015, cuando la administración estatal contrató una consultoría denominada Sistemas LAC. Dicha empresa recomendó solicitar al SAT una devolución de impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2009 y 2010.
En la administración de José Antonio Gali Fayad, el SAT denunció que la devolución de impuestos determinada por Sistemas LAC fue incorrecta, debido a que el gobierno estatal se basó en una disposición fuera de tiempo y contexto, por lo que la autoridad federal lo consideró como un acto doloso. Esto constituyó la imposición de un crédito fiscal.
