Al menos 28 indígenas que. por alguna razón cometieron algún delito no grave, lograron salir de prisión con el apoyo del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI), que aportó la reparación del daño, afirmó Rafael Bringas Marrero, director general de dicha institución.
Señaló que, las entidades federativas trabajan un programa en coordinación con la federación, es decir, con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para excarcelar a presos indígenas.
Los casos son turnados a la Dirección General de la Defensora Pública, donde se realiza un análisis colegiado, para constatar que se haya realizado el debido proceso.
En caso de no hayan tenido la ayuda de un intérprete, la persona es candidato a ser apoyado.
En este sentido, Rafael Bringas Marrero, aseveró que se hace el pago de la reparación del daño, para que las personas que no hayan cometido un delito grave, puedan obtener su libertad.
Caso contrario, no hay apoyo para los que son acusados de delitos graves como violación, secuestro, homicidio o narcotráfico.
Actualmente, se tiene una cifra de más de 250 indígenas que se encuentran en cárceles de Puebla, sin embargo, solo 28 han sido candidatos al apoyo, entre ellas, tres mujeres.
La mayor parte de los indígenas son de la Sierra Norte de Puebla, como Zacatlán, Huauchinango, y la región totonaca de Huehuetla.
Foto: Twiter / @RafaelBringasM
La Defensoría Pública tiene que presentar una serie de incidentes ante el Juez de Ejecución, quien solicita el pago de la reparación del daño y el pago de la multa, ya que para la libertad condicional es el 50 por ciento de la pena compurgada, y para la anticipada es el 70 por ciento de pena.
Al final es el Juez de Ejecución el que decreta la libertad.
La gran mayoría de los indígenas apoyados son porque cometieron delitos como robo, agresiones, riñas, y hay delitos que por no tener tres mil pesos están en prisión por tres años.
En cuanto a la ayuda de la dependencia en materia de interpretación, el director Bringas Marrero, dijo que se cuenta con intérpretes y traductores debidamente capacitados.
Esta medida es reciente, ya que por ley se debe de contar con las disposiciones necesarias para que lleven un proceso justo los indígenas.
“Hay dos cosas que tenemos que garantizar, una es que cuando son originarios de comunidades indígenas se le asigne un traductor. Y cuando es recluida una persona, se realiza una encuesta con pertinencia cultural, porque hay personas que no podemos identificar”.
