En noviembre de 2021, el Gobierno de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa Huerta, anunció que entregaría 34 licitaciones para operar los verificentros en el estado, 20 operarían en el estado y 10 en la capital poblana.
De acuerdo con una investigación del medio Central, la administración estatal no entregó los 34 centros y solo se abrieron 29. La Secretaría de Medio Ambiente entregó en una primera tanda 16 concesiones y en una segunda 13. Se supone que no se llegó al número propuesto por el Gobierno de Puebla porque varias solicitudes no tienen los requisitos que solicitaba la Secretaría de Medio Ambiente.
De esta manera, la dependencia estatal concedió 29 concesiones a 19 personas físicas y morales, de las cuales cinco fueron para empresas y 14 son de personas físicas; sin embargo, algunos de los beneficiados con estos centros de verificación han tenido algunos problemas con la ley.
Según la información proporcionada por Central, dos concesiones fueron dadas a José Antonio González Bedolla, representante legal de la empresa Gestión. Sin embargo, Paola López Valaguez, expareja del empresario, lo acusó como deudor alimentario ante el Juzgado 21 Familiar de Ciudad de México.
Otra de las personas que es dueña de un concesionario, es José Carlos Barragán Ortiz, hijo del presidente municipal de Xicotepec, Carlos Barragán. José Carlos fue, además, colaborador de la campaña presidencial de José Antonio Meade en Puebla.
Pero Barragán Ortiz es mejor conocido por atropellar a dos motociclistas en Xicotepec, según algunos reportes, conducía en estado de ebriedad. Tras el percance se dio a la fuga en mayo de 2021. A pesar de estos acontecimientos, dos años más tarde consiguió una concesión para operar un verificentro en Puebla.
Otro dueño de un centro de verificación que también estuvo involucrado en un accidente automovilístico es José López Garzón, quien se estampó contra una patrulla en 2009, el percance dejó a cinco personas heridas.
Mientras que, por otro lado, algunas de las personas que fueron autorizadas para ser los representantes legales de los verificentros son algunos miembros del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), concretamente: Paulina Fernández Cappellesso y Víctor Marius Caraballo Bergeret.
Paulina Fernández fue propuesta por el Partido Verde para ser diputada federal y Víctor Marius Caraballo fue propuesto como concejal en la alcaldía Cuauhtémoc en Ciudad de México.
Otra de las personas ligadas a la política que obtuvieron una concesión es Estefanía Gavioto Nava, quien contendió por una diputación por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP),además, es propietaria de la organización Ama México, que realiza acciones en contra de la pobreza.
La presidenta de Sociedad Mexicana de Ingeniería Ambiental, Gema García Sánchez, también tiene un verificentro.
Otro político con un verificentro es Oscar Paredes Vázquez, excontrolador del Ayuntamiento de Teziutlán de 2018-2021 y controlador del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Teziutlán (SOSAPATZ).
Por otro lado, en cinco verificentros de Puebla no se pudo obtener información acerca de sus actividades empresariales.
