La secretaria de Movilidad y Transporte en Puebla, Elsa Bracamonte González, reconoció que el 65% del transporte público se encuentra en pésimas condiciones y rebasa los 10 años de antigüedad que permite la ley.
Así lo admitió al comparecer ante los diputados locales, como parte de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, donde la legisladora del PAN Guadalupe Leal Rodríguez pidió su renuncia por las fallas en el transporte, falta de movilidad y modernización, así como el desabasto de tarjetas de RUTA.
Foto: Daniel Casas / esimagen.mx
Sobre la modernización del transporte público, Bracamonte González anunció que en octubre pasado firmó un convenio con Nacional Financiera (Nafin) y KfW Banco de Desarrollo, de capital alemán, para la chatarrización de unidades y promover bonos a transportistas regulares, con la finalidad de que accedan a créditos y cambien su flota.
“Va a empezar a hacerse efectivo ese cambio de unidades en pocos meses y el banco alemán también nos está ayudando para ello”, dijo, mientras afuera del Congreso del estado transportistas de la organización Antorcha Campesina se manifestaban en contra de la Verificación Vehicular.
Manifestantes protestan afuera del Congreso en contra de Elsa Bracamonte
Desarticulan ‘cartel del transporte’
Bracamonte González informó que se presentaron denuncias y desarticularon la red de corrupción denominada “El cartel del transporte”, que involucraba a delegados, inspectores y sindicalizados coludidos con policías municipales y transportistas para evitar multas.
Sin dar nombres, denunció que exfuncionarios lucraron con el cargo, pues otorgaron concesiones por acuerdos políticos, por lo que entre febrero y marzo de 2022 se desarticuló la red de corrupción que por años estuvo en contubernio con policías municipales y otras autoridades, en complicidad con los transportistas a quienes pedían dinero para no sancionarlos, permitiendo la circulación de unidades irregulares.
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Para contrarrestar esta situación, se iniciaron 20 procedimientos administrativos de revocación de concesión, 59 de cancelación de permiso y 27 suspensiones de licencia por incumplir la Ley del Transporte estatal.
Además, los servidores públicos involucrados en las corruptelas fueron destituidos del cargo, pues la secretaria afirmó que el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina no tolera ni tolerará actos de corrupción.
Asimismo, se aplicaron 36 infracciones al transporte público y 87 al mercantil por prestar servicios sin permiso o licencia, además de que se presentaron denuncias penales contra el transporte pirata.
Realizan 640 operativos y sancionan a conductores
La secretaria detalló que se realizaron 640 operativos y se generaron 994 boletas de infracciones a concesionarios, permisionarios y conductores.
Los municipios con mayor incidencia son Atlixco, Huauchinango, Puebla, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, San Salvador El Seco, Tehuacán, Tepexi de Rodríguez, Teziutlán, Tepeaca, Tecamachalco y Venustiano Carranza.
De igual manera, informó que se realizaron 7 mil 508 pruebas toxicológicas aleatorias a conductores del transporte público, de los cuales 56 resultaron positivas, se aplicaron infracciones y las unidades fueron remitidas.
Circulan casi 12 mil unidades de Uber, DiDi y Cabify
En el tema del transporte ejecutivo, Bracamonte González precisó que solo Uber, DiDi y Cabify están autorizadas para ofrecer el servicio en el estado. Al corte de 2022, estas plataformas tenían casi 12 mil unidades en circulación, de las cuales 5 mil 202 son de Uber, 6 mil 710 de DiDi y 30 de Cabify.
