En 2022, la Secretaría de Planeación y Finanzas presentó 27 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, más conocido como “lavado de dinero”, reveló la titular de la dependencia, María Teresa Castro Corro.
Durante su comparecencia ante los diputados locales, como parte de la Glosa del Cuarto Informe del Gobierno estatal, la secretaria aseguró que, en el marco de las reformas a la Ley del Notariado aprobadas por el Congreso local en octubre pasado, existe coordinación con las notarías públicas para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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A la vez, detalló que al cierre de 2022, Puebla presentó un superávit superior a los 5 mil millones de pesos derivado de una mayor recaudación. Además, dijo que más del 53% del padrón vehicular cuenta con información actualizada y el 60% se encuentra al corriente en el pago de tenencia y control vehicular.
Gobierno pagó 3 mil 281 mdp por deuda pública en 2022
En la comparecencia, la secretaria de Planeación y Finanzas también informó que, en 2022, el Gobierno de Puebla pagó un total de 3 mil 281 millones de pesos en obligaciones por la deuda pública heredada de administraciones anteriores.
Asimismo, dio a conocer que la deuda actual asciende a 44 mil 187 millones de pesos, por lo que se siguen pagando pasivos por los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), Asociación Público Privada (APP) y otras obligaciones que dejaron administraciones anteriores –como las de los panistas Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad.
El saldo es de 44 mil 187 millones de pesos, destacando que se ha atendido en tiempo y forma las obligaciones del importe correspondiente, destinamos 3 mil 281 millones para pagar obligaciones, tanto de deuda como de los APPs y diversas obligaciones del pasado”, aseveró Castro Corro.
Ese monto representa el 58.2% del recurso invertido en infraestructura y casi todo el dinero destinado a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en 2022.
Si bien la secretaria aseguró que el estado puede solicitar créditos, es decir, contraer deuda, afirmó que la política del Gobierno es de “cero endeudamiento”.
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No obstante, reconoció que hay presiones de gasto y se tiene previsto pagar 200 millones de pesos por las demandas laborales que cada año se hacen efectivas, pues se han emitido sentencias a favor de los extrabajadores demandantes.
En el tema de pensiones, aseguró que se cuenta con un fondo de reservas por 2 mil 300 millones de pesos; sin embargo, el recurso es insuficiente, ya que se requiere al menos 2 mil 500 millones de pesos y las reservas previstas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) se agotaron.
Por esa razón, el Gobierno de Puebla dio al ISSSTEP 500 millones de pesos para pagar pensiones, aunque Castro Costro dijo que lo mismo pasa en otros estados.
