Con el fin de que en Puebla se tipifique el delito de sustracción de menores, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria se manifestó frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir que se acepten y agilicen las denuncias presentadas por este delito.
Los quejosos señalaron, además, que es necesario que el Congreso del estado apruebe las iniciativas presentadas contra la violencia vicaria en Puebla.
Desde la mañana, un grupo de madres de familia se apostó frente a la sede de la FGE, pues hoy, 11 de mayo, se conmemora la Lucha contra la Violencia Vicaria.
En el lugar, expusieron sus testimonios sobre la sustracción de menores y las agresiones sufridas por sus exparejas.
Foto: Daniel Casas / esimagen.mx
Al respecto, su representante, Luz del Carmen Arredondo Díaz, declaró que la FGE suele retrasar las denuncias que se presentan por sustracción de menores, situación que favorece a sus agresores.
Aseguró que en Puebla existen entre 20 y 50 casos, de los cuales han podido recuperar a tres menores de edad. Sostuvo que en el interior del estado las mujeres son más propensas a no recibir justicia por la incapacidad de los agentes de la Fiscalía, quienes no muestran sensibilidad alguna por género.
Negó que el exigir la tipificación del delito pretenda ser utilizada para separar a los padres de sus hijos, ya que siempre se les deja convivir y es justamente lo que aprovechan para llevarse a los niños.
¿Qué es la violencia vicaria?
Se conoce como violencia vicaria a los chantajes, comentarios ofensivos, rechazos, manipulación emitidos hacia los hijos para afectar la percepción que tengan hacia alguno de sus progenitores, lo cual también deriva en que algún padre impida al otro convivir con el menor.
El Congreso del estado tiene en la congeladora dos iniciativas para tipificar como delito la violencia vicaria, una de ellas de la diputada petista Mónica Silva Ruiz, quien propuso un nuevo párrafo al artículo 284 Bis del Código Penal con la idea de fijar una pena que vaya de dos años y seis meses a una máxima de diez años y seis meses.
Además de adicionar la fracción 4 al artículo 291 del Código Civil, con el fin de que el estado proteja a quienes sufren este tipo de violencia.
