Alfredo Téllez
En los últimos cuatro años diversos feminicidios han conmocionado a los poblanos, pues estos delitos se repiten a pesar que la entidad se ubicó en 2012 como la décimo tercera en tipificarlo como grave, con penas privativas de la libertad de hasta 50 años.
En noviembre de 2011, el Legislativo local adicionó el artículo 312 Bis al Código de Defensa Social para Puebla, y la fracción K Bis al Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el estado.
Con estos cambios quedó establecido que comete feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer. Éstas incluyen celos extremos, misoginia, violencia sexual, amenazas o acoso, tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
De esta manera se establecieron sanciones de 30 a 50 años de cárcel para quienes cometieran esta infracción.
Estas modificaciones respondieron al incremento en el número de casos reportados entre 2005 y 2011, los cuales pasaron de 29 a 79.
A partir de esa fecha, en 2011, los casos más sonados han sido de alumnas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quienes han sido víctimas de secuestros y asesinatos.
El primero fue el de Thalía Martínez Ramírez, quien era alumna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, vista por última vez con vida el día 14 de julio de 2011, cuando salió de su domicilio a las 07:30 horas para asistir a un examen en la universidad.
Con motivo de su desaparición, se dio inicio a la constancia de hechos CH2879/2011/AESE en la Dirección de Atención a Delitos contra la Mujer, motivo por el cual se realizaron las diligencias necesarias para el esclarecimiento del hecho.
Toda vez que la víctima mantenía una relación de noviazgo con el hijo de una comandante de la Policía Ministerial, y a fin de evitar la intervención en las investigaciones de dicha persona, el suscrito procurador ordenó, previo acuerdo con la familia de la desaparecida, que la investigación correspondiente fuera asumida por la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, a pesar de no existir evidencias de que se tratara de un secuestro.
El día 22 de julio de 2011 se reportó el hallazgo de un cadáver en el kilómetro 11+800 de la Vía Atlixcáyotl, el cual con el desahogo de los dictámenes periciales respectivos y los análisis de genética correspondientes, se logró establecer que pertenecía a quien en vida llevó el nombre de Thalía Martínez Ramírez, por lo que la investigación por desaparición de persona se convirtió en una por el delito de homicidio.
Una vez que se agotaron diversas líneas de indagatorias, a través de la Averiguación Previa PGJP/DGADAI/AP01/2011, y por virtud de la existencia de diversos indicios claros cuyos análisis conjuntos establecían la intervención del ahora probable responsable, el Ministerio Público ordenó su presentación a fin de que declarara con relación en los hechos. Dicho sujeto está identificado como Josué Isbael Mendoza Morales, de 26 años de edad, y quien estaba casado con la hermana de Thalía Martínez Ramírez.
Continuaron agresiones
Para 2014 se reportó un suceso similar.
Una estudiante más de la BUAP, de 37 años de edad, quien estaba reportada como desaparecida en 2014, fue asesinada y mutilada, presuntamente, por su esposo, de profesión médico internista, el cual enterró los restos en un paraje del municipio de Huaquechula.
De acuerdo con los reportes preliminares, Olga Nayeli Sosa Romero —estudiante de la Licenciatura de Odontología— estaba reportada como desaparecida desde el pasado 9 de junio, luego que salió de su domicilio para acudir a sus clases en la Facultad de Lenguas de la BUAP, pero nunca regresó.
Horas más tarde, cuando sus familiares se percataron que no llegaba, comenzaron a buscarla sin tener éxito. Inclusive, fueron a investigar en la escuela, donde el personal les dijo que la estudiante había faltado.
Posteriormente, su esposo, Moisés Torres López, quien “preocupado” también comenzó a buscarla, presentó la denuncia por desaparición de persona y de esta manera las autoridades ministeriales dieron inicio a las investigaciones. Derivado de ellas, agentes de la Policía Ministerial procedieron a interrogarlo, pero Moisés cayó en constantes contradicciones.
Fue así como Torres López confesó que privó de la vida a su cónyuge cuando, presuntamente, la mujer volvió a su domicilio, en la ciudad de Puebla, y la golpeó sin cansancio con un marro hasta que le causó la muerte. Después de asesinarla, decidió cortar el cuerpo en varios pedazos y los trasladó hasta la comunidad de Soto y Gama, en Huaquechula, donde se deshizo de los restos.
El presunto homicida habría relatado a las autoridades que cometió el crimen tras enterarse que su esposa había reprobado las clases de francés, pero además de ello le era infiel.
Posteriormente, el miércoles 18 de junio de ese año, los restos de Olga fueron localizados en un paraje de esa localidad, y las autoridades los trasladaron a la capital poblana para llevar a cabo la necropsia.
Torres López, se encuentra detenido, dentro de la Averiguación Previa 382/2014/Atlixco. Se le acusó también por el delito de cohecho, ya que, presuntamente, al ser descubierto ofreció dinero a los agentes ministeriales a cambio de que no lo detuvieran.
Pero el acecho siguió
A mediados de 2014 la Procuraduría General de Justicia (PGJ) detuvo al novio de Iraís Ortega Pérez, estudiante de la Facultad de Cultura Física de la BUAP, quien estaba embarazada y fue hallada muerta en una maleta después de estar desaparecida desde el 21 de octubre.
El joven de nombre Juan Carlos Sánchez Pérez, desde un inicio fue el principal sospechoso del feminicidio y de la violencia de género, sumándose a casos similares en Puebla, como el de Karla López.
De acuerdo con lo manifestado por el novio, días antes planeó privar de la vida a la joven de 23 años, debido a que no estaba de acuerdo con su embarazo, por lo que tras someterla le inyectó una sustancia tóxica que le provocó la muerte.
Más tarde, el presunto responsable trasladó el cuerpo hasta un paraje ubicado en la junta auxiliar San Francisco Totimehuacán, lugar en el que el agente del Ministerio Público Especializado en Investigación de Homicidios, realizó las diligencias de levantamiento de cadáver.
Juan Carlos Sánchez Pérez, fue consignado al juez penal correspondiente bajo cargos de feminicidio.
No paran los asesinatos
A la fecha un nuevo caso se volvió a presentar. Ahora, el pasado martes 19 de mayo de 2015, la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (DGADAI) detuvo al hijo del ex regidor panista de Tehuacán, Ángel Carrasco Rivera, como sospechoso del secuestro y homicidio de una estudiante de Psicología de la BUAP y sobrina del empresario José Raichs.
La occisa era Isarve Cano Vargas, secretaria de Políticas Internacionales de la Red Jóvenes por México en el estado, quien de acuerdo con las redes sociales desapareció el pasado 17 de abril, en la ciudad de Puebla, y desde entonces no se sabía nada de ella.
De acuerdo con la PGJ, el 17 de abril del año en curso la hoy víctima de 19 años de edad, se trasladó a la ciudad de Tehuacán, de donde era originaria y, presuntamente, sin dar aviso a terceras personas, habría acordado encontrarse con el detenido y otras personas.
Al día siguiente, la familia recibió una llamada telefónica a través de la cual una persona del sexo masculino condicionaba el pago de 2 millones de pesos a cambio de la libertad de la joven.
Días después los familiares fueron objeto de al menos 10 llamadas más de exigencia económica, acordando la cantidad de 140 mil pesos que debían ser entregados en un terreno baldío de San Pedro Acoquiaco, Tehuacán, siendo este el último momento en el que los secuestradores se comunicaron.
La familia de la joven realizó la denuncia al día siguiente de que ocurrieron los hechos, el 18 de abril, iniciándose la Averiguación Previa PGJP/DGICDS/AP/09/2015, por el delito de secuestro.
La DGADAI estableció la participación de Ángel de Jesús Carrasco López, Efraín Méndez Cabrera y Jairo Adán Gutiérrez Cabrera, de 21, 28 y 21 años de edad, respectivamente, quienes fueron asegurados en el municipio de Tehuacán, cuando circulaban a bordo de un vehículo Atos.
A través de diversas diligencias, incluidas las declaraciones de los hoy detenidos, se estableció que dichos sujetos trasladaron a la víctima a una casa de seguridad ubicada en la colonia Donato Bravo, perteneciente a Coxcatlán, Tehuacán, donde se pudo corroborar que la privaron de la vida en las primeras horas en que cometieron el secuestro.
El cadáver fue hallado la madrugada del 20 de mayo en Coxcatlán, en el distrito judicial de Tehuacán, por lo que derivado la DGADAI capturó a tres presuntos responsables, quienes eran conocidos de Isarve e, incluso, de su familia.
El cuerpo se encontraba en estado de descomposición en el kilómetro 01+500 del tramo carretero Coxcatlán-Teotitlán, a donde acudieron los familiares que la habrían reconocido por la ropa. Posteriormente, los restos fueron llevados a la ciudad de Puebla.
