Activistas temen que las empresas inicien campañas de “compras de conciencias” en comunidades, como Tetela de Ocampo y Olintla, para que los pobladores acepten los llamados proyectos de muerte, aprovechándose de las condiciones precarias en que viven muchas personas de la región; además que utilicen a las autoridades para amenazar a los que se oponen a las minas o a las hidroeléctricas.
Israel Sampedro Morales, de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, sostuvo: “¿Qué es lo que se ha planteado y qué es lo que se está viendo? No hay garantías que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones y con respetar los derechos humanos, ese es un problema (…) La Semarnat le dio el permiso a Frisco (en Tetela), pero primero tiene que cumplir con estos requisitos, cuando la exigencia de la comunidad ha sido: No la queremos, ¿por qué incidir en un proceso de confrontación? Porque eso al final de cuentas es como una elección cualquiera, ¿va a haber dinero? En Olintla, en las elecciones, estaba el voto a 2 mil pesos”.
En Olitla el Grupo México ha desarrollado un proyecto de una planta hidroeléctrica para proveer de energía y agua a las empresas mineras de la zona; sin embargo, la población se ha opuesto debido a que afectaría el cauce del Río Ajajalpan, perjudicando a comunidades como Ignacio Zaragoza, Santa Catarina y Dimas López, además que estaría abriendo caminos para que entre la maquinaria de la empresa sin la autorización de sus habitantes.
La presión que han padecido los pobladores se ha sentido desde principios de año, cuando el presidente municipal, Héctor Arroyo Bonilla, retuvo a más de 60 pobladores amenazándolos con que los iban a linchar, pero a la fecha son más los comentarios sobre que les van a expropiar sus terrenos o que si no venden entrará el Ejército.
“Lamentablemente están haciendo un lucro de la necesidad, eso es real, así tal cual, entonces, en las zonas donde hemos andado hay niños que no tienen para comer, que no pueden caminar, no tanto porque su constitución física no lo permita, sino les faltaron los nutrientes, no hay agua potable en las comunidades a pesar que van a poner una hidroeléctrica, tienen un solo médico para más de 3 mil pobladores”, aseguró Sampedro Morales.
Aunque el gobierno del estado argumente que las decisiones sobre esos proyectos vienen de la federación, para el defensor de los derechos humanos los estados y los municipios también representan el Poder Ejecutivo, por lo tanto tienen la misma línea política, que sería alianza con los grupos empresariales con el objetivo de privatizar los recursos naturales y energéticos.
“Aunque demagógicamente digan ‘estoy contigo’ y ‘en contra de’, por atrás se le deja al siguiente, no hay confianza”, sostuvo, para luego agregar que la única solución para los pueblos es mantener la unión que han tenido para defender sus recursos naturales y sus derechos.
