De todas las quejas que recibe la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) provenientes de Puebla, el 40 por ciento son contra el gobierno del estado, el 35 por ciento contra los cuerpos policiales, el 25 por ciento contra los Ministerios Públicos y 15 por ciento contra del DIF, manifestaron integrantes del Consejo Federal Regulatorio de los Derechos Humanos.
Durante el Foro Derechos Sexuales, Reproductivos, Migración y Víctimas del Delito, la visitadora, Mónica Roldán Reyes, apuntó que estadísticas nacionales indicaron que el mayor número de quejas fueron contra el gobierno estatal y la policía, lo cual significa que hay una omisión de las autoridades en cuanto a los derechos de los ciudadanos.
“Sí hay muchas quejas contra el gobierno del estado, pero no las interponen a nivel nacional, la gente se queja mucho del gobierno pero no llega a la Comisión Nacional de Derechos Humanos; no sabemos por qué, si es por falta de información o es un caso de omisión”, manifestó la activista.
La mayor cantidad de reportes es por la falta de medicamentos o de atención en las clínicas pertenecientes al estado; por la omisión del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) para que brinde mediación o apoyo en la cuestión familiar.
Las autoridades ministeriales y policiacas violan de manera constante los derechos de los poblanos, pues se han dado muchas quejas porque al momento de ser detenidos no les leen sus derechos, ni avisan a sus familiares o no les permiten que llamen a algún abogado para que rindan sus declaraciones.
También, cuando acuden a los Ministerios Públicos no son atendidos e incluso son vueltos a victimizar: “Es importante fomentar la cultura de la legalidad, hace mucha falta reforzar esta parte”, señaló Roldán Reyes.
En ese sentido, el visitador, José Manuel Vega Maya, sustentó que muchas veces en los Ministerios Públicos se vuelven a victimizar a los ciudadanos, debido al tiempo que tardan los procesos, porque se les pide que recreen los delitos.
Pero si al mismo tiempo se solicita un acompañamiento de las comisiones local, estatal o nacional de Derechos Humanos la situación podría resolverse de manera expedita y sin tantas anomalías, esto gracias a una reforma del título primero y capítulo primero de la Constitución Mexicana del 10 de junio de 2011, donde no sólo emite recomendaciones, pues si los funcionarios públicos no dan una respuesta son llamados ante el Senado para que rindan un informe.
