El gobernador, Rafael Moreno Valle, reactivó una multa de 1.5 millones de pesos contra la empresa Urbanizadora y Pavimentadora del Golfo Centro, cuyo propietario es Maclovio Hernández Hernández, por el cobro indebido de obras pagadas y no ejecutadas en el proyecto de ampliación de la Carretera Federal que comunica a Cholula-Huejotzingo-Texmelucan.
De acuerdo con una investigación realizada por RETO diario, se sabe que Maclovio Hernández Hernández, uno de los constructores consentidos en el inicio del sexenio de Mario Marín Torres, ganó en mayo de 2005 la primera etapa de la obra antes mencionada y pese a los retrasos obtuvo la segunda etapa con un monto global de 325 millones de pesos.
Sin embargo, en febrero de 2009 y después de que Maclovio Hernández se distanció del grupo de Mario Marín por apoyar al entonces presidente municipal de Puebla, Enrique Dóger Guerrero, se abrió el expediente administrativo DIRAJ-DC-01/2009 contra la empresa Urbanizadora y Pavimentadora del Golfo Centro.
El proceso siguió su curso y fue el 25 de mayo de 2009 cuando la Dirección Jurídica de la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas emitió el fallo para aplicar una multa por 1.5 millones de pesos más intereses contra la empresa de Maclovio Hernández por cobrar obras no ejecutadas dentro de la primera etapa del proyecto.
Dicho fallo no fue combatido por parte de Maclovio Hernández y tampoco la Secretaría de Finanzas cobró el dinero de la multa emitida.
Sin embargo, el 3 de marzo de 2011, el actual secretario de Infraestructura, Antonio Gali Fayad, retomó el caso y decidió hacer efectiva la multa contra uno de los constructores consentidos de Mario Marín y Enrique Dóger Guerrero.
El 23 de marzo de 2011, se realizó una reunión entre las actuales autoridades estatales y representantes del empresario, Maclovio Hernández, donde no se llegó a un acuerdo.
Trascendió que el pleito ya llegó a los tribunales y Maclovio Hernández alega que Mario Marín tuvo un año para cobrar la multa y no lo hizo y Rafael Moreno Valle no puede hacerla efectiva, porque ya prescribió; pero sus argumentos han sido rechazados y sigue vigente la orden de pago a favor de la Secretaría de Finanzas.
