Al buzón de Posdata, ingresaron un par de denuncias ciudadanas a las que damos paso por su importancia y trascendencia:
En el corazón del servicio público, donde deberían imperar los valores de justicia, respeto y dignidad humana, se está gestando una historia de abuso de poder y maltrato laboral que no puede ni debe quedar en silencio.
María Betzabé Martínez Domínguez, quien funge actualmente como enlace administrativo de Seguridad Ciudadana en la Secretaría de Administración del Ayuntamiento de Puebla, se ha convertido en el epicentro de una preocupante serie de denuncias que dibujan un escenario de terror psicológico, amenazas veladas y violaciones flagrantes a los derechos laborales y humanos.
En apenas 15 días de gestión, Martínez Domínguez ha despedido a 11 personas, bajo un clima de presión constante, intimidación y manipulación emocional. No hablamos de decisiones administrativas justificadas, sino de una limpia sistemática que responde más a la imposición del miedo que a criterios de desempeño.
Según testimonios de personas afectadas, esta funcionaria ha cancelado derechos fundamentales como el acceso a vacaciones, ha impuesto horarios que rebasan con creces los límites legales –exigiendo que se trabaje después de las 10:00 de la noche–, y ha trasladado el costo del transporte nocturno a las trabajadoras, muchas de las cuales son mujeres expuestas a riesgos evidentes.
“Si no pueden, que renuncien”, advierte, sin el menor asomo de empatía. Una frase que resume con crudeza el estilo autoritario de quien parece no entender que el liderazgo no se ejerce con gritos ni con amenazas, sino con sensibilidad, responsabilidad y respeto.
Esta actitud no solo vulnera los derechos de las y los trabajadores, también rompe el tejido institucional y mina la confianza en la administración pública.
El historial de maltrato que arrastra Martínez Domínguez no es nuevo, pero su permanencia en el cargo es una señal alarmante de tolerancia institucional hacia prácticas que deben ser erradicadas de raíz.
La Secretaría de Administración tiene la obligación moral y legal de investigar estas denuncias con seriedad, proteger a sus trabajadores, así como poner límites a los funcionarios que cruzan la línea del abuso.
Los derechos humanos no son un lujo ni una concesión: son la base mínima de cualquier sociedad que se considere democrática. Permitir que el miedo y el abuso se normalicen desde los pasillos del poder es darle la espalda a esa promesa.
Es tiempo de que las autoridades actúen.
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“Le escribimos con mucha desesperación por ver que son 100 días de gobierno y en la Subsecretaria de prevención de la violencia no hemos tenido ni tenemos dirección de atención de la violencia, ni de prevención de la violencia.
”Hace 2 semanas nos informaron que llegaría la maestra Ochoa, pero el día de hoy nos dijeron que ya no llegaría hasta que la denuncia de violencia contra la Titular, Virginia Melgarejo, por parte de la ex subsecretaria se canalice y se averigüe el robo que sufrió en su oficina en la subsecretaría.
”Y se nos pidió seguir trabajando con lo que tenemos, pero resulta imposible porque nunca hay nadie en esta dependencia que se encuentra en el centro, no tenemos encargada de despacho y solo la directora de administración es quien intenta darnos órdenes de lo que debemos de hacer.
”Se regresa a las usuarias a sus hogares, o con promesas de canalizarlas a las casas Carmen Serdán, pero hasta ahora no existen los protocolos de acción para estos espacios.
”Ojalá puedan ayudarnos a visibilizar esto que sucede. Las usuarias están desesperadas y hemos tenido que dejar de atenderlas ante la falta de personal y una titular que nos diga qué debemos de hacer.”
Es preocupante lo que sucede en esta Secretaría de las Mujeres.
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