Verdaderos especialistas en derecho electoral, que no verá usted en los panfletos ni en la bufalada de opinadores de uno y otro bando, coinciden en que el Plan B de la Reforma Electoral será frenado, en la mayoría de sus reformas a tres leyes y la creación de una, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que revisa ya varios recursos de inconstitucionalidad. Entonces, la elección de 2024 se hará prácticamente con las normas que están hoy vigentes.
Esa es una buena noticia, aunque también lo es que la alineación actual del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sí será removida, lo que significa que la camarilla que encabeza su presidente, Lorenzo Córdova Vianello, enquistada en la institución desde hace un par de décadas, ya no estarán en el arbitraje del Proceso Electoral Federal 2023-2024, que se prevé que comenzará, con estos pronósticos, en septiembre próximo.
Todo esto deberá suceder, con la definición de constitucionalidad o no que haga la SCJN del decreto lopezobradorista que se publicó la medianoche del miércoles en el Diario Oficial de la Federación, y que entró en vigor desde este 2 de marzo de 2023.
El 2 de junio es el límite para que las modificaciones a las leyes electorales puedan aplicarse en la elección inmediata, porque constitucionalmente se marca un plazo de 90 días, antes del arranque formal del proceso electoral.
Sin embargo, de aquí a ese plazo constitucional, mientras los 11 ministros de la Sala Superior definen lo jurídico, con una eminente e inexorable carga política, veremos todos los días ataques y una guerra retórica del bando lopezobradorista, que defiende los cambios a las leyes electorales, contra la oposición, que piensa lo contrario y que ha reducido con simplismo su arenga a “el INE no se Toca”.
Se prevé que la resolución de la SCJN dejará sólida la estructura del Sistema Electoral, que está en el INE y en los Organismo Públicos Locales Electorales (OPLES) -institutos y tribunales de las entidades-, y que el catastrófico despido de 84.6 por ciento de los funcionarios electorales, que prevé la oposición, no se dé.
Asimismo, la SCJN anulará otras reformas, pero también dejará algunas más. Nadie quedará satisfecho, pero nadie quedará completamente derrotado en esta guerra.
Hay que recordar el desaseo jurídico y parlamentario con que la mayoría de la Cámara de Diputados aprobó el primer paquete de reformas, con gazapos y hasta faltas de ortografía, que luego tuvo que subsanar la colegisladora.
Además, también hay que traer a la memoria que, por no haber pasado el Plan A, que era una mejor estructurada reforma constitucional, se debió suplir la iniciativa con cambios a leyes secundarios que tienen mucha fragilidad jurídica.
La reforma está en la cancha de la SCJN. Las presiones abundan y los días agrios apenas comienzan en el viejo Palacio de Justica del Centro Histórico de la Ciudad de México.
