La presidenta de la Comisión de Transparencia en el Congreso local, Josefina Buxadé Castelán, informó que a la fecha ninguno de los siete partidos con registro en Puebla ha cumplido con los lineamientos que establece la nueva Ley de Transparencia.
Recordó que el plazo que se estableció en la ley para cumplir con la nueva normatividad vence este domingo 1 de julio, y si no cumplen con los nuevos requisitos o son omisos, serán objetos de sanciones económicas o administrativas establecidas en la Ley de Servidores Públicos.
Comentó que no se puede hablar de prórroga para los sujetos obligados, ya que la nueva Ley de Transparencia se aprobó hace seis meses y fue el plazo que tuvieron los partidos para adecuarse a estas modificaciones.
Entre los lineamientos que deben cumplir los partidos, se encuentran los siguientes: Portal de internet con información pública de oficio, de acuerdo a lo que establece el artículo 11 de la Ley para Todos los Sujetos Obligados. Entre estos datos destaca la remuneración mensual neta y desglosada, además de las diferentes formas de contratación que existan.
La nueva Ley de Transparencia, también establece en su artículo 23 que los institutos políticos deberán hacer públicos el origen de los recursos que reciban, los gastos de campañas constitucionales y de las internas de precandidatos; los informes financieros presentados por la autoridad electoral, las minutas, actas y acuerdos de las reuniones para determinar la aplicación del financiamiento público, así como el inventario de bienes inmuebles y vehículos adquiridos con recursos públicos.
Aclaró que cada uno de ellos deberá tener su propia página y no es válido que se cuelguen de la registrada por el partido a nivel nacional.
“Esto es nuevo, antes eran 14 fracciones, ahora hay 10 más en el Congreso; todos los entes obligados deben cumplir a cabalidad”, sostuvo al momento de subrayar que habrá sanciones para quienes no cumplan con la ley, mismas que van desde una amonestación privada, una amonestación pública o, por una falta muy grave, la inhabilitación de funcionarios.
