Ciudad de México. El 1 septiembre de 2012 elementos del 19 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señalaron que fueron víctimas de una agresión armada en el municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, y que sostuvieron un enfrentamiento donde perdieron la vida seis personas, sin embargo, las evidencias, peritajes, testimonios y declaraciones revelaron que fueron sacados de una fiesta y ejecutados arbitrariamente por personal militar.
De las seis personas que fueron ultimadas, dos eran menores de edad y cuatro adultos, uno de los cuales carecía de movilidad en ambas piernas -como consecuencia de un accidente automovilístico- y a quien en ese entonces se le practicó una colostomía.
El personal militar adscrito a Petatlán informó a la entonces Procuraduría General de Justicia de Guerrero sobre el ataque armado, por lo que se inició la averiguación previa GALE/SC/04/431/2012.
Hasta el 2 de septiembre de 2012 se hizo público el supuesto enfrentamiento entre civiles y soldados con titulares como “Mueren seis sicarios en enfrentamiento con militares en la sierra de Tecpan” y “Ejército abate a seis presuntos delincuentes en Tecpan de Galeana, Guerrero”.
En la versión oficial se estableció que fue un “enfrentamiento”, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que se trató de una “ejecución arbitraria de seis personas”.
Las mentiras
Jorge Granados Ávila cumplió 17 años el 1 de septiembre de 2012. Su familia le organizó una fiesta de cumpleaños en San Luis de la Loma, municipio de Tecpan de Galeana. Alrededor de las 14:00 horas unos 20 soldados armados arribaron al domicilio del festejo.
Los militares les preguntaron sus nombres a los asistentes y a los que tenían el apellido “Granados”, se llevaron a los integrantes a cuatro de la familia – Ever Daniel Granados García, Gulmaro Granados Sánchez, Jorge Granados Ávila y Joaquín Granados Vargas-, incluyendo a dos amigos -Josué Olea López y José Carlos Atrixco Isidra-, sacándolos a patadas y a empujones, los subieron a los vehículos oficiales y se los llevaron en calidad de detenidos con rumbo al poblado El Guayabo.
La intromisión en el domicilio en el que se encontraban las víctimas no obedeció a una orden de cateo ni existió una situación de flagrancia que legitimara o justificara la irrupción en el inmueble. Los militares estaban facultados para llevar a cabo la detención ni el cateo.
La madrugada del 2 de septiembre de 2012, los familiares de las seis personas encontraron a sus seres queridos sin vida en una plancha del Servicio Médico Forense de Tecpan de Galeana. Los localizaron en el punto conocido como El Rancho, cerca de la población La Palma.
En el parte militar se narró que “aproximadamente a las 17:30 horas del día 01 de septiembre de 2012, al efectuar reconocimientos a pie y patrullamientos motorizados (…) en el operativo Guerrero Seguro a inmediaciones del poblado el Tule y El Tirador, municipio Tecpan de Galeana, Guerrero, se observó dos cuatrimotos abandonadas sobre una brecha entre los matorrales, motivo por el cual se efectuó un reconocimiento a pie (…) con personal a mi mando, motivo por el cual fuimos agredidos por personal civil armado, por lo cual se desplegó personal repeliendo la agresión, eliminando la totalidad de los agresores y posteriormente aplicando todas las medidas de seguridad se procedió a reconocer y asegurar el área donde se suscitaron los mencionados hechos, asimismo se aseguraron armas con las siguientes características (…) cargadores, cartuchos, dos cuatrimotos…”
Las armas -un fusil AR-15, tres fusiles AK-47, dos pistolas-, los cargadores de diferentes calibres y las dos cuatrimotos fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación.
El dictamen en química forense de la procuraduría de Guerrero de 8 de septiembre de 2012 reveló que los civiles no dispararon ninguna de las armar, ya que resultó negativo de la prueba de rodizonato de sodio practicado a los cadáveres, determinándose que “en las zonas dorsal y palmar de ambas manos no se les identificaron elementos de Plomo y Bario”.
En el dictamen toxicológico a los civiles no se les encontraron “residuos metabólicos de alcohol, cannabinoides, cocaína, anfetaminas ni opiáceos”.
“Las armas que fueron localizadas en el lugar de los hechos fueron recogidas por los elementos militares, no permitiendo que el órgano investigador las asegurara y éstos las pusieron a disposición de la agencia del Ministerio Público de la Federación de esta ciudad de Tecpan de Galeana, Guerrero”, se indicó en el oficio 3259 de fecha 7 de noviembre de 2012 de la procuraduría de Guerrero.
Posteriormente a las armas se les realizó la prueba de “Lunge”, se concluyó que “del análisis de las seis muestras anteriormente descritas, a todas se le identificaron residuos de productos nitrados, por lo que se establece que han sido disparadas, sin ser posible determinar el tiempo transcurrido ni el número de veces en que fueron accionadas”.
La posición de los cuerpos de los civiles no indicaban situación de combate, lo cual quedó soportado con el dictamen en criminalística de campo de 8 de octubre de 2012, “de acuerdo a los antecedentes fácticos que obran en tal averiguación a los indicios encontrados, a las lesiones que presentan los cadáveres y la posición en que estos se encontraron y las condiciones del sitio, deduzco que no hay elementos criminalísticos para pensar que se dio una confrontación armada entre un grupo y otro…”
A las víctimas mortales les fueron sembradas las armas, así lo concluyó en el dictamen en materia de criminalística y fotografía forense suscrito por elementos militares de fecha 9 de diciembre de 2013: “5. Con base en la ubicación que guardaba la pistola calibre 9 milímetros de la marca Pietro Beretta, sobre el muslo derecho del cadáver número tres, concluimos que dicha posición del arma es atípica, existiendo la posibilidad que esta fuese colocada posteriormente al fallecimiento del cadáver…”
Y se descartaría en el citado documento, “7. Con base en los indicios balísticos localizados en el lugar de los hechos, a las condiciones físicas del lugar, a la cantidad y ubicación de las lesiones en cada uno de los cadáveres, concluimos con alto grado de probabilidad que la mecánica de los hechos no fue de un enfrentamiento entre el personal militar y los civiles que fallecieron”.
Los disparos contra los civiles se realizaron a corta distancia. Del análisis de todos los orificios en las prendas de vestir de las seis víctimas -prueba de “Walker” del 3 de octubre de 2012- se concluyó que los disparos “fueron producidos a una distancia entre (sic) 75 centímetros de distancia”.
Hubo un patrón en la ejecución arbitraria que quiso disfrazarse de enfrentamiento, pero los peritajes lo evidenciaron. El dictamen médico de 13 de mayo de 2013, de peritos de la CNDH respecto de las exhumaciones de cuatro cuerpos efectuadas el 17 de enero de 2013 por personal de la procuraduría de Guerrero concluyó que “las lesiones encontradas fueron similares a las producidas por proyectil disparado por arma de fuego, tal y como se describieron en el protocolo de necropsia de 02 de septiembre de 2012…”
Otra evidencia haría desvanecer la versión del “enfrentamiento”. El 7 febrero de 2013 en las instalaciones de la 27/a. Zona Militar, en el Ticuí, municipio de Atoyac de Álvarez, se realizó la revisión de los dos vehículos militares en los que el personal castrense se transportaba el día de los hechos, y se encontró que “no presentan ningún daño y tampoco impactos de proyectil de arma de fuego, situación que se puede corroborar con diversas placas fotográficas que se tomaron al momento de la visita…”. No hubo tal agresión armada a los soldados mientras patrullaban en sus vehículos.
En la opinión técnica en materia de criminalística de la CNDH señaló que “se puede considerar que su victimario se encontraba al frente y a su derecha al momento de lesionar a su víctima… los mismos no accionaron armas de fuego momentos previos a su muerte (…) los vehículos militares (…) al momento de nuestra intervención no presentan daños visibles al exterior.”
En la diligencia de levantamiento de los cadáveres practicado por el Ministerio Público el 1 de septiembre de 2012, a unas cuantas horas del evento se describió el sitio, “al tener a la vista en dicha área plana y junto a los cerros, seis cuerpos del sexo masculino privados de la vida…”
La descripción corrobora que las víctimas fueron privadas de la vida en un área plana, es decir que no estaban resguardados, “parapetados en una zanja” o detrás de objeto alguno, como lo mencionaron los elementos castrenses, quienes refirieron en sus declaraciones que no podían ver a las personas que los atacaron, ya que éstos refirieron que las víctimas se encontraban ocultos entre los matorrales al momento de la agresión.
A pesar de que el personal militar informó que se trató de un enfrentamiento la institución castrense intentó por su cuenta resarcir los daños, mediante el oficio DH-V-16683, la Dirección General de Derechos Humanos de la SEDENA informó que celebró un convenio con los familiares de las víctimas el cual “cubre de manera solidaria y a título de reparación del daño moral y material la cantidad de $189,099.20 (ciento ochenta y nueve mil noventa y nueve pesos 20/100 M.N.)…”, para el pago de gastos funerarios.
Además instruyó a la Dirección General de Sanidad de la SEDENA proporcionar atención psicológica a los familiares de las víctimas, designándose para tal efecto el Hospital Militar Regional de Acapulco, Guerrero, mediante el oficio DH-V-17541.
El Agente del Ministerio Público Militar adscrito a la 27/a. Zona Militar inició el 13 de octubre de 2012 una averiguación por “el delito de violencia contra las personas causando homicidio”.
En el auto de formal prisión de 9 de diciembre de 2013 en contra de nueve militares implicados en el caso se estableció “que las trayectorias que siguieron los proyectiles que privaron de la vida a los seis occisos, no tiene correspondencia con los lugares donde por versión del personal militar fueron realizados, por lo que la mecánica de los hechos no fue de un enfrentamiento entre personal militar y los civiles que fallecieron”.
Los testimonios
Uno de los familiares que presenció la detención arbitraria declaró a la autoridad que “de forma violenta los sacaron del domicilio a los 6 agraviados y empujones los subieron a las camionetas Hummer, encendieron sus unidades y arrancaron sus vehículos con rumbo a la carretera que viene a San Luis de la Loma (…) como a las 15:00 horas escuchó disparos de arma de fuego por el rumbo del rancho El Guayabo, que los disparos no fueron en ráfaga sino disparos salteados, desconociendo el porqué de los mismos…”
Un vecino de Tecpan de Galeana rindió su testimonio ante el Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero el 3 de noviembre de 2014, “escuché gritos y voces altas de personas en una como ondanada (sic), me acerqué por la parte de arriba para tratar de ver qué pasaba, como a cincuenta o sesenta metros debajo de mí vi un grupo de soldados armados que enfrente tenían a unos hombres hincados, veía como un soldado los golpeaba con un palo o rifle, no alcancé a ver bien, no me quedé más tiempo y me fui alejando lentamente por miedo, cuando me iba alejando, escuché disparos, lo que me dio más miedo y me subí a mi caballo y me fui de ese lugar procurando no acercarme a ningún camino para no toparme a los soldados, llegué hasta El Tule como a las seis de la tarde”.
Un testigo narró a la CNDH lo que vio y escuchó el 1 de septiembre en Tecpan de Galeana: “el 1 de septiembre de 2012, alrededor de las 15:00 o 16:00 horas se encontraba buscando unas reses en el terreno del Guayabo, cuando escuchó gritos a una distancia aproximada de 100 metros, por lo que se asomó y se percató de un grupo de soldados (…) que eran alrededor de 12 soldados y como 6 civiles, los cuales estaban parados, que se fijó que los estaban golpeando ya que se estaban quejando, posteriormente escuchó de dos a tres disparos por lo que se retiró, al retirarse volvió a escuchar más disparos sin recordar exactamente cuántos hayan sido, al alejarse observó que habían dos vehículos militares (…) que la distancia entre los militares y los civiles era de alrededor de un metro cuando escuchó los disparos”.
Los golpes que refirió el testigo son coincidente con las lesiones que presentaron los cuerpos al momento de ser entregados a los familiares, uno de ellos indicó que “su nariz fue reconstruida y su cara totalmente golpeada”, otro dijo que “no tenía los dientes de frente y toda la cara morada y que del lado derecho de su cara estaba reconstruida”; y uno más dijo que “el cuerpo de mi nieto lo revisé y me percaté que había sido torturado, ya que presentaba piquetes en la cara y golpes en todo el cuerpo”.
Las contradicciones
Las propias declaraciones de los soldados se contraponen entre ellas. Uno de ellos dijo que “encontrando una cuatrimoto con dos personas quienes al ver al personal militar efectuaron disparos con armas de fuego en su contra, en lo que el personal militar trataba de protegerse, los agresores huyeron en la cuatrimoto”; y otro afirmó que “seis personas armadas viajaban en dos cuatrimotos, mismos que al percatarse de la presencia de personal militar, accionaron sus armas en su contra, intentando darse a la fuga, y al repeler dicha agresión estas resultaron privadas de la vida”.
Estos dichos son contrarios a la propia puesta a disposición que realizaron respecto al número de cuatrimotos y la forma como las encontraron: “a inmediaciones del poblado El Tule y El Tirador, municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, se observó dos cuatrimotos abandonadas sobre una brecha entre los matorrales, motivo por el cual se efectuó un reconocimiento a pie…”
Otra inconsistencia en la que incurrieron los soldados fue la duración de supuesto enfrentamiento. Uno de ellos declaró que: “la agresión que duró aproximadamente como quince o veinte minutos había un grupo al mando…”; y su compañero indicó que “… se escuchaban disparos con arma de fuego por parte de los civiles y los militares que duró aproximadamente como cinco minutos…”
En octubre de 2012 comparecieron los dueños de las cuatrimotos, uno señaló que militares se llevaron la cuatrimoto negra, sin ningún motivo, cuando se encontraba en una de sus “huertas”; y el segundo afirmó que elementos del ejército mexicano se llevaron la cuatrimoto roja sin ninguna razón cuando la misma se encontraba afuera de su negocio.
La evidencias, peritajes, testimonios y declaraciones revelaron la “ejecución arbitraria” que elementos del Ejército mexicano intentaron disfrazar de “enfrentamiento” para evadir su responsabilidad ante la ley.
