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Recientemente Colombia alcanzó un histórico acuerdo de paz que busca poner fin a una guerra interna de más de medio siglo. El texto fue ratificado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El próximo paso será la realización de un plebiscito el 2 de octubre, donde la ciudadanía en su conjunto se exprese al respecto.
Sin embargo, no siempre está presente que la guerra civil colombiana está atravesada por múltiples factores que van más allá del enfrentamiento entre el Ejército regular y los grupos insurgentes.
Las empresas multinacionales han cumplido, muchas veces, un rol clave en el sostenimiento del conflicto afectando a poblaciones enteras o incluso involucrándose abiertamente, como en el caso de Coca-Cola.
Durante los años 90 y principios del 2000, al menos nueve dirigentes sindicales de las plantas embotelladores de Coca-Cola en Colombia fueron asesinados por fuerzas paramilitares. Según consta en una denuncia internacional hecha por los propios trabajadores, la empresa fue cómplice de estos crímenes.
“La hostilidad de la transnacional de bebidas se inició en mayo de 1992, cuando el Gerente de Coca-Cola, José Gabriel Castro, acusó públicamente a los trabajadores y al sindicato de ser agentes de la guerrilla”, recordó ‘El Ciudadano’. En 1994 fue asesinado el sindicalista José Manco David en la planta de Carepa, dando inicio a una seguidilla de muertes.
Ya en 1996 un comando del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegó directamente a la planta y asesinó a Isidro Segundo Gil, quien encabezaba un reclamo contra la empresa. Al día siguiente, las AUC regresaron a la planta, destruyeron las instalaciones del sindicato y acamparon durante dos meses de manera intimidatoria en la puerta. Coca-Cola nunca denunció su presencia a las autoridades, en cambio utilizó la situación para despedir a otros dirigentes y rebajar el salario de los trabajadores.
Ante la falta de respuesta de la Justicia colombiana, los trabajadores de Coca-Cola presentaron una demanda en Miami ―donde está la sede de la multinacional― en el año 2001. Fueron incluidas en la denuncia Panamerican Beverages (la mayor embotelladora de gaseosas en América Latina) y Bebidas y Alimentos, que opera la planta de Carepa.
La presentación contó además con el respaldo de United Steelworkers of America y el Fondo Internacional de Derechos Laborales (ILRF). También se llevó a cabo una campaña de boicot internacional poniendo de relieve la connivencia de Coca-Cola con los paramilitares.
A pesar de esto, la empresa se desligó de los crímenes y aseguró que no tenía nada que ver con lo que se hacía en las plantas embotelladoras de Colombia. Asimismo, pidió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que realizara una investigación “independiente” de los hechos. Ed Potter, el entonces delegado de EE.UU. en la OIT era también director de relaciones internacionales de Coca-Cola.
Una práctica común de las multinacionales
Laura Capote, vocera de la organización popular colombiana Marcha Patriótica explicó a RT que “más allá de Coca-Cola, es tremendo cómo el capital privado y las multinacionales han financiado y promovido el conflicto armado en Colombia”. Según Capote lo han hecho a través de grupos paramilitares “para echar a las comunidades de los territorios y de esa forma llegar a un lugar ‘vacío’ a extraer los recursos naturales”.
“Hace poco salió el informe de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, donde se señalan más de 50 empresas que han colaborado con grupos ilegales durante el conflicto armado”, destacó la militante social. Además señaló que estas compañías “podrían ser juzgadas dentro de esta jurisdicción especial para la paz” que va a surgir de la firma de los acuerdos en La Habana.
Finalmente expresó que Colombia “es uno de los países donde es más riesgoso ejercer el sindicalismo”. Así lo confirma el informe difundido por la Escuela Nacional Sindical (ENS), que relevó que entre 2011 y 2015 fueron asesinados 105 dirigentes gremiales en el país.