Al inaugurar hoy el Foro Internacional: Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso, organizado por la Asociación Alto al Secuestro, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, destacó: “para que realmente haya justicia, debe haber equidad en el proceso; para que realmente haya justicia, tanto víctima como victimario deben estar en una cancha pareja y contar con los mismos recursos”.
“Esto es lo que tendremos que ver”, subrayó, luego de recibir de parte de Isabel Miranda de Wallace, Presidenta de la Asociación, la Iniciativa de Ley General de Víctimas del Delito, una propuesta que aseguró el Primer Mandatario, “el Congreso habrá de revisar y enriquecer para contar con un mejor ordenamiento en materia de atención a víctimas”.
Señaló que el Estado mexicano ha tenido, en respuesta a las víctimas de la comisión de algún delito, un ordenamiento jurídico que está diseñado para ponerlas en el centro del mismo. Nuestro país, aseveró, fue de los primeros que tuvo un modelo de atención general a víctimas como no lo había en ninguna otra parte. “Nos convertimos en un referente para el mundo en la creación de este modelo”.
Subrayó, empero, que a más de tres años de que se promulgó la Ley General de Víctimas, ésta tiene fallas e inconsistencias que la han hecho, en ciertos casos, inoperable plenamente. “Hoy tenemos que perfeccionarlo, tenemos que asegurar que funcione adecuadamente, evitar la burocratización, hacer más ágil y fácil el acceso de las víctimas a la reparación del daño”, detalló.
Además, “asegurar que las víctimas cuenten debidamente con asistencia legal y jurídica de abogados victimales”, los que, dijo, “no los hay en suficiencia en ninguno de los órdenes, y a veces, son más las capacidades eventualmente del inculpado que de las víctimas”.
Indicó que recursos del fondo de atención a las víctimas, “más de las veces, o algunas de las veces, en lugar de ser para apoyar o para reparar el daño ocasionado a las víctimas, ha sido básicamente para la invocación de faltas al debido proceso o alguna otra razón. Se han dedicado recursos prácticamente para los victimarios, para quienes son inculpados en un proceso. Esto tendremos que corregirlo”.
Dijo que si bien, hay que reconocer que ha habido un avance pues el modelo actual permite tener asesoría jurídica federal para asistir y asesorar a la víctima, “también hay que decir: no es suficiente, ni en el orden federal, ni menos aún en los órdenes estatales”.
Enfatizó que no basta con tener buenos ordenamientos, “lo que realmente hace el cambio, es la eficaz aplicación de esos ordenamientos”. Añadió que “la ley por sí misma no transforma la realidad, sino la aplicación de la misma, la eficaz aplicación”.
Apuntó que ante los retos y desafíos que enfrenta la sociedad y el Estado Mexicano del siglo XXI, hay que ajustar normas y modernizar marcos normativos para cambiar realidades que “hoy no podemos permitirnos en este siglo”.
El Presidente Peña Nieto refrendó a Miranda de Wallace y a la Asociación que representa, su compromiso de “ser, en este frente, un aliado. De trabajar junto con usted y con todos ustedes para que tengamos un modelo que sirva a la protección y defensa de las víctimas, que es para lo que estamos trabajando: equidad para que, realmente, haya justicia”.
El Titular del Ejecutivo Federal puntualizó que para enriquecer y fortalecer la capacidad de las instituciones del Estado mexicano, y “precisamente para velar por los derechos de las víctimas, para velar por el derecho que tienen todas y todos los mexicanos”, se puso en marcha el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Precisó que ha implicado para el Estado mexicano prepararse y capacitar debidamente a las instancias que participan dentro del mismo, el cual es un Sistema garantista que reconoce los derechos que tiene todo mexicano, y que “parte de reconocer o de presumir la inocencia de todo aquel inculpado”.
Dijo que “hoy los órganos de procuración de justicia y de administración de justicia tendrán la alta responsabilidad de ser mucho más profesionales, de poder llevar averiguaciones debidamente sustentadas y soportadas en evidencias eventualmente científicas que las indagatorias periciales deban arrojar, para realmente probar la culpabilidad de todo inculpado o de toda aquella persona señalada de presunta responsabilidad ante la comisión de un delito”.
Este modelo, continuó, parte de la necesidad de contar con uno nuevo que estuviera diseñado para garantizar justicia, “para que no hubiese, como ha habido, y ocurre y hay que reconocerlo, inocentes en las cárceles; pero también, no se trata de que haya criminales en libertad. Por eso, tenemos que asegurar que la eficaz implementación de este modelo de justicia sea para asegurar esta condición, que los que no sean responsables y no sean delincuentes no estén en la cárcel; pero los que sí lo sean estén debidamente pagando su pena en la prisión y con el peso de la justicia”, concluyó.
Luego de resaltar que la atención a las víctimas es obligación jurídica y moral del Estado y que el hacerlo “fomentará la confianza de la ciudadanía para que se acerquen al sistema a denunciar los delitos de los que han sido objeto”, Isabel Miranda de Wallace, Presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, aseguró al Presidente Enrique Peña Nieto que él “tiene el poder de cambiar las condiciones que hoy vivimos las víctimas del delito y ponerlas en el centro del sistema de procuración y administración de justicia”.
El Estado, señaló, “tiene la obligación de proteger al inocente, castigar al culpable y no dejar impune el delito, como marca la Constitución. Para ello, resulta indispensable y pertinente decirlo: urgente transformar la atención y reglas con las que se atiende a las víctimas”, y exhortó al Mandatario Federal a colocarse del lado correcto de la historia, unirse y apoyar su causa. “Con su ayuda, estamos seguros, lograremos convertirnos de víctimas a sobrevivientes”, afirmó.
Resaltó que los operadores del sistema deben entender, sobre todo los juzgadores, “que no es necesario anular los derechos de las víctimas para hacer valer los derechos humanos de los imputados”.
Expuso al Titular del Ejecutivo Federal sus peticiones: que las víctimas tengan un verdadero acceso a la justicia y a la verdad; cambiar la ley de víctimas, que hoy es inoperante; contar con abogados victimales suficientes y capaces para que haya igualdad de armas; tener participación en las quejas que presenten ante las diversas instancias de derechos humanos contra los imputados, incluidos particularmente los casos de tortura.
Además, ser parte de los informes que el Estado mexicano rinde ante organismos internacionales, como los que rinden la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores y la propia PGR, y trabajar en la redacción y firma del Tratado de Protección de Derechos de las Víctimas en la ONU y en la OEA, concluyó.
El Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, aseguró que la Reforma Constitucional que le da facultad al Congreso General para legislar en materia de víctimas, es una nueva oportunidad para dar un paso adicional en la construcción de dicha política de Estado.
Ante ello, subrayó que se debe empezar a hablar en este país del garantismo de las víctimas, la defensa, promoción de sus derechos, de sus necesidades; “de la atención y de su condición, precisamente, por la calidad que tienen frente al Estado. Y en la construcción del garantismo de las víctimas, tenemos que recoger los aprendizajes de estas primeras etapas, de lo que no ha funcionado en la construcción de esas instituciones”.
Indicó que se debe corregir lo que funciona mal, fortalecer la respuesta del Estado en la protección efectiva de las víctimas, distribuir claramente las competencias, establecer cuáles son las soluciones cuando una autoridad local no atienda, o no quiera atender a una víctima; qué autoridad estará allí, precisamente, para responder frente a una víctima que está requiriendo y necesitando la atención solidaria del Estado, porque es su derecho.
“Esta reforma constitucional, como ya decía nuestra querida Isabel, es esa oportunidad. El Senado de la República estará atento a la construcción de esa nueva etapa en la defensa del derecho de las víctimas”, enfatizó el Senador Gil Zuarth.
En la Cámara de Diputados será revisada con toda responsabilidad la propuesta de Iniciativa de Ley General de Víctimas del Delito, que la Asociación Alto al Secuestro entregó este día al Presidente Enrique Peña Nieto, así como al Poder Legislativo, aseguró el Presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva.
Señaló que para quienes tienen una función legislativa, es imperativo estar pendientes de todo aquello que, en la práctica, vaya poniéndose como evidente; “que se requiere de revisión para que podamos armonizar y darle un cuerpo en los hechos”.
De igual forma, Zambrano Grijalva aseveró que se empieza a dejar atrás escenarios de inequidad, falta de certeza y desigualdad en materia de justicia, “y nos encontramos en una nueva fase de desarrollo institucional en nuestro país”.
Recordó que con la publicación de la Ley General de Víctimas, así como su posterior reforma, ambas en 2013, “el Estado mexicano construyó un entramado jurídico e institucional para garantizar, proteger y promover los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos que, hasta entonces, no habían sido debidamente ni reconocidos, ni mucho menos protegidos”.
En representación del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, señaló que la moderación es producto de la maduración y es en esta ruta en la que se está caminando: “en un sendero que nos debe llevar a una tutela en plena equidad de los derechos de víctimas y victimarios”, y aseguró que “hoy estamos dando un paso decisivo para el resarcimiento de dichas fallas. Comenzamos a mermar ya la desconsideración histórica de la norma frente a los derechos de las víctimas”.
Indicó que “el nuevo Sistema de Justicia Penal, que tiene como principios la publicidad, la igualdad, entre las partes y ante la ley; la continuidad y la concentración, entre otros, nos implica un cambio de cultura que debemos asumir con la mayor responsabilidad para hacerlo viable y dar una respuesta satisfactoria a la sociedad a través de órganos jurisdiccionales serios, confiables, predecibles, que día a día legitimen su actuación”.
Así mismo, señaló que “la eficaz aplicación de las reformas constitucionales requiere de conjunción de esfuerzos de toda la comunidad jurídica, de apertura en la discusión en la que se privilegie la evolución del derecho sin desechar aquellos criterios que, por constituir la base de nuestro sistema, el Constituyente considera inmutables; de propuestas serias y responsables que tengan como único objetivo el desarrollo de un sistema jurídico eficiente y confiable, con reglas claras y universales, de ejecución no ilusoria, sino real”.
