La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó este miércoles al Departamento del Tesoro de Estados Unidos luego de que esa dependencia afirmara que una red de contrabando de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría sido utilizada para financiar campañas políticas en México.
Durante su conferencia matutina, la mandataria pidió a Washington presentar pruebas verificables y reclamó que el señalamiento se haya difundido públicamente sin una coordinación previa con el gobierno mexicano.
“¿Qué pruebas tienen?”, lanzó Sheinbaum al referirse a la acusación, al tiempo que sostuvo que México no fue informado sobre la inclusión del supuesto financiamiento electoral en el comunicado estadounidense.
¿Qué dijo el Departamento del Tesoro?
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el CJNG habría diversificado sus fuentes de ingresos mediante el llamado “huachicol fiscal”, un esquema de robo y contrabando de combustible en la frontera.
Según esas autoridades, las ganancias ilícitas se usarían no solo para fortalecer la estructura criminal del cártel, sino también para realizar pagos en efectivo que podrían influir en campañas políticas y medios de comunicación en México.
Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicos nombres de campañas, partidos o candidatos presuntamente involucrados en dicho esquema, lo que ha sido un punto clave en la respuesta del gobierno mexicano.
La postura de Sheinbaum: “Sin pruebas no hay caso”
Sheinbaum criticó que el Departamento del Tesoro haya difundido la acusación sin compartir información previa con las autoridades mexicanas, y comparó el caso con otras sanciones recientes contra instituciones financieras, donde —según dijo— tampoco se entregaron elementos suficientes.
La presidenta insistió en que su administración mantiene investigaciones abiertas a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras instancias del Gabinete de Seguridad sobre redes de contrabando de combustible.
“Se ha trabajado mucho en el combate al huachicol fiscal, con detenciones, medidas en aduanas y congelamiento de cuentas”, afirmó.
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Contexto: tensión por acusaciones de injerencia y crimen organizado
El señalamiento ocurre en medio de una relación bilateral marcada por fricciones recientes en materia de seguridad, especialmente por acusaciones estadounidenses sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado.
En semanas previas, reportes internacionales y filtraciones mediáticas han apuntado a posibles colaboraciones encubiertas entre actores políticos mexicanos y agencias estadounidenses como la DEA, lo que ha elevado la tensión diplomática entre ambos países.
Al mismo tiempo, el gobierno mexicano ha reiterado su postura de que no aceptará acusaciones sin evidencia formal y ha insistido en la necesidad de cooperación “con pruebas y en coordinación institucional”.
Antecedentes del caso del huachicol fiscal
El “huachicol fiscal” es una modalidad de contrabando de combustible que evade impuestos mediante documentación falsa y redes de empresas fachada. En los últimos años, autoridades mexicanas han reforzado operativos en aduanas y persecuciones financieras contra estas estructuras.
Estados Unidos sostiene que estos esquemas no solo representan un problema de seguridad fronteriza, sino también una fuente de financiamiento para organizaciones criminales como el CJNG.
