El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó que en el estado no existen personas “invisibles” que puedan ampararse en la ley para violentar los derechos de la población y advirtió que los funcionarios que cometan delitos deberán responder ante las autoridades correspondientes.
Tras el desfile cívico-militar por el 216 aniversario de la Independencia de México, el mandatario estatal sostuvo que su administración ha actuado contra la impunidad y el abuso de poder.
En entrevista, Armenta señaló que quienes violenten a comunidades o los derechos de las mujeres deberán enfrentar el escrutinio de la ley, sin importar si ocupan un cargo público estatal o municipal.
“Quien desde un cargo público, sea funcionario estatal o sea funcionario municipal, y cometa delitos, será perseguido por la autoridad correspondiente. No hay omisión del Gobierno del estado, no hay encubrimiento por parte del Gobierno del estado, no hay impunidad, hay aplicación estricta de la ley en el marco que nos merecemos, presunción de inocencia y debido proceso”, afirmó.
Armenta se refiere a investigaciones contra alcaldes
Las declaraciones del gobernador ocurrieron en medio de las investigaciones que involucran a presidentes municipales en Puebla. Al respecto, insistió en que ninguna autoridad, colaborador o representante de un poder público puede utilizar su posición para evadir la aplicación de la ley.
Armenta señaló que esta postura incluye a integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes, dijo, tienen la responsabilidad de honrar la oportunidad de servir a Puebla y a la población.
“Quien lo haga sabe que va a haber aplicación de la ley, eso es lo que tenemos que dejar en claro y durante este tiempo es lo que hemos demostrado; así es que es muy importante que honremos la oportunidad de servir”, sostuvo.
El gobernador agregó que la actuación de las autoridades debe mantenerse dentro del marco legal y bajo principios como la presunción de inocencia y el debido proceso, incluso en los casos donde existan investigaciones contra servidores públicos.
