Dos ciudadanos de nacionalidad china fueron rescatados ilesos por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, luego de permanecer privados de su libertad en un inmueble utilizado como casa de seguridad en la capital poblana. Durante el operativo fue detenido Eduardo N., de 24 años de edad, señalado como el presunto responsable de custodiarlos.
La intervención se realizó el pasado lunes, luego de que el Consulado de China en México notificó a la FGE sobre el secuestro de uno de sus connacionales, por cuya liberación se exigía el pago de un rescate a sus familiares en el extranjero.
A partir de información de geolocalización y registros visuales proporcionados por la representación diplomática, personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE) desplegó labores tácticas en inmediaciones de la carretera a Valsequillo.
Al ingresar al inmueble señalado, los agentes investigadores detuvieron en flagrancia a Eduardo N., quien presuntamente se encontraba armado y custodiaba a las víctimas.
Los dos hombres fueron localizados atados y liberados ilesos. De acuerdo con las entrevistas preliminares, ambos radicaban en Nicaragua y llegaron a México tras recibir una falsa oferta laboral.
Sin embargo, una vez en territorio mexicano fueron retenidos contra su voluntad y despojados de más de 12 mil dólares en efectivo, además de 60 mil pesos mediante retiros bancarios.
Posteriormente, los presuntos secuestradores los obligaron a contactar a sus familiares y allegados en China para exigir mayores cantidades de dinero a cambio de su liberación.
La barrera del idioma habría sido determinante para que las víctimas lograran establecer comunicación preventiva con su representación consular, lo que permitió activar la intervención de las autoridades mexicanas.
Aseguran arma y teléfono en casa de seguridad
Durante el operativo, la FGE aseguró una escopeta calibre 16 con dos cartuchos útiles, un teléfono celular y el inmueble utilizado presuntamente como casa de seguridad.
Eduardo N. quedó a disposición del Ministerio Público especializado, que deberá judicializar el expediente dentro del término constitucional ante un juez de Control, quien determinará su situación jurídica.
La investigación continuará para establecer las circunstancias del secuestro y determinar si existen otras personas involucradas en los hechos.
