A través de su cuenta de Twitter –nunca X–, el abogado y defensor de los derechos humanos José Mario de la Garza Marroquín reveló un caso estremecedor que evidencia la rancia y pervertida impartición de justicia en Puebla.
El fundador de Perteneces A. C., una ONG dedicada a ofrecer defensa legal y ayuda a personas sin recursos o en prisión injusta, exhibe la cruda historia de un matrimonio poblano cuyo dolor tras la violación y el feminicidio de su querida hija, fue tasado por un juez en 80 mil pesos.
Relata: “80 mil pesos. En eso quedó tasado por ley el dolor de un padre y una madre que enterraron a su hija. Ella cursaba el tercer semestre de ciencias políticas cuando, en 2017, pidió un viaje por aplicación en Cholula. El conductor no la llevó a su casa: la violentó y la mató. El juez fijó 3 mil días de salario mínimo por daño moral. En apelación se los bajaron a mil. No porque el dolor fuera menor, sino porque el Código Civil de Puebla decía que de ahí no podía pasar. La SCJN declaró inconstitucional ese tope. El argumento es simple: no hay reparación integral si el legislador decide de antemano, sin conocer el caso, cuánto vale un daño que todavía no ocurre. Quien debe cuantificar es el juez que tuvo el expediente enfrente. Lo grave es lo otro: la Corte ya lo había dicho en 2009, 2011, 2015, 2017 y 2018. Los padres lo alegaron con jurisprudencia obligatoria en la mano y el Tribunal Colegiado ni siquiera se tomó la molestia de estudiarlo. Siete años de litigio para quitar un candado que nunca debió existir. Y la victoria es a medias: se tiró el techo, pero no se construyó el piso. El artículo sigue vigente y ningún congreso está obligado a derogarlo. La pregunta incómoda no es cuánto vale una vida –en dinero, nada–, sino por qué el sistema exige que unos padres deshechos lleguen hasta la Suprema Corte para que un juez, apenas, pueda hacer cuentas con dignidad” (sic). Así de miserables muchos jueces en Puebla, y así de putrefacto –hasta sus entrañas– el sistema judicial que nos tocó sufrir.
Esta es la sentencia del caso:
https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/1/2023/10/2_308450_6986_firmado.pdf
