Se acerca una elección importante, compleja, y de mucho interés para el partido Morena, el cual controla el estado de Puebla y administra el país desde la Presidencia; sobre todo, porque se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y un total de mil 802 presidencias municipales.
En el caso de Puebla recuerde que se va a elegir a 41 diputados y 217 ediles, muchos de ellos quienes buscan su reelección.
Y aunque pareciera que la próxima elección del 6 de junio de 2027 es un paseo o un proceso más para el oficialismo, lo cierto es que las cosas se están complicando de más.
Particularmente, porque la economía nacional no crece, el desempleo aumenta, la crisis ya se siente en los bolsillos de los mexicanos y en la industria automotriz, la inseguridad crece y crece sin freno, y lo peor, Estados Unidos aprieta renegociando el T-MEC.
Si alguien cree que Morena y sus gobernantes tienen la próxima elección del 2027 en la bolsa está totalmente equivocado.
Es por ello que la estrategia debe cambiar y el combate a la corrupción y a la inseguridad debe ser efectivo y real, pero, sobre todo, los gobiernos de Morena deben poner orden en sus administraciones ya.
Y esta incluye a Puebla, donde gobierna Alejandro Armenta Mier, a quien lo único que le faltaba era que fuera asesinado un periodista en el estado.
En ese sentido, la pegunta del millón vuelve a la escena: ¿qué carajo sucede en Puebla?
Porque hay que dejar claro que el menos responsable de ese cobarde ataque y asesinato es el mandatario, quien, desde luego, como todos los ciudadanos, quiere lo mejor para la entidad.
Y es justo en este punto donde considero que Alejandro Armenta necesita, pero ya, dar un manotazo en la mesa y aplicar mano dura para que sus funcionarios –de todos los niveles–, coordinadores, gestores, asesores, directivos y demás burócratas se pongan a trabajar y ayudarlo en serio.
Por supuesto, también, el titular del Poder Ejecutivo debe encauzar un cambio de estrategia y acción, porque pareciera que en Puebla todo mundo puede hacer lo que le plazca.
Dijera en su canción el divo de Juárez, Juan Gabriel, “Pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar, así, sin penas”.
Ya es hora de que Armenta meta en cintura a los ediles problemáticos como el de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso Ramírez, quien se la pasa nadando de muertito mientras su municipio se incendia.
Defendió, a capa y espada, por ejemplo, al marino que le fue asignado como secretario de Seguridad, a pesar de sus escándalos personales y denuncias en su contra por violencia familiar, Hugo Xavier López Monge.
El edil intentó encubrir al marino, capitán de Corbeta, uno de los tantos soldados que llegaron a Puebla a reforzar la seguridad y a hacerse cargo de municipios considerados focos rojos, tales como San Martín.
Tras el asesinato de Josué Martínez Contreras, director del portal Noticias San Martín Texmelucan, en la junta auxiliar San Lucas Atoyatenco, en San Martín, el gobernador debe exigir a Juan Manuel Alonso resultados o hacer todo lo posible para que los habitantes de aquella región poblana se den cuentan quién los (des)gobierna.
En San Martín, lamentablemente, siguen al alza delitos graves como homicidios y ejecuciones, asalto a transportistas, y la desaparición de personas, así como la extorsión. Y lo más grave: la terquedad del edil de reelegirse en el cargo.
Y lo mismo sucede con otra edil problemática como la de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, a quien ya parece imposible seguir sosteniendo en el cargo, porque de lo contrario en esa región va a suceder algo.
Es muy extraño que a la edil se le siga solapando y manteniendo como presidenta, ya que estuvo a punto de provocar una crisis muy grave al gobernador Armenta, toda vez que denunció por extorsión al periodista Yair Licona, a quien, con apoyo de la fiscal Idamis Pastor Betancourt, estuvieron a punto de detener y encarcelar utilizando pruebas y testigos falsos.
En noviembre del año pasado, Guadalupe Bárcenas amenazó al periodista y lo denunció, por lo que intentó meterlo a la cárcel apoyada por la titular de la Fiscalía, quien agilizó el proceso, abrió carpeta de investigación e intentó liberar una orden de aprehensión que, afortunadamente, fue echada abajo por alguien que se dio cuenta de la estupidez e intervino para parar el caso.
Aunque, si a todo esto le sumamos otros yerros cometidos por algunos flamantes funcionarios de Gobierno que no ayudan en nada al gobernador Armenta, la cosa se pone peor.
No es posible que en Puebla parezca que no se tiene control de las cosas, o que el gobernador y el coordinador del Gabinete, José Luis García Parra, tengan que estar resolviéndolo todo.
¿Qué pinche necesidad de golpear y agredir a la prensa en las afueras del Congreso del estado?
¿Qué necesidad de evidenciar que en Puebla tenemos un Instituto Electoral del Estado ciego, sordo y mudo?
¿Verdad que en Puebla ya se necesita mano dura?
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