El conflicto político en el Ayuntamiento de Acatlán de Osorio escaló luego de que el síndico municipal David Fernando Chico y regidores denunciaron haber recibido amenazas e intimidaciones tras impulsar la solicitud de revocación de mandato contra la presidenta municipal Guadalupe Lucero Bárcenas.
En un posicionamiento público, integrantes del Cabildo afirmaron que, después de promover el procedimiento para solicitar la salida de la alcaldesa ante el Congreso de Puebla, comenzaron a enfrentar actos que consideran represalias, entre ellos presuntas amenazas, hostigamiento y acciones contra su documentación oficial.
Los funcionarios pidieron la intervención de autoridades estatales y federales para garantizar su seguridad y señalaron que continuarán con el proceso legal que iniciaron para buscar la revocación del mandato de Bárcenas.
Denuncian ingreso irregular a oficina del síndico
Uno de los señalamientos centrales fue realizado por David Fernando Chico, quien aseguró que la puerta de su oficina fue forzada y que documentos relacionados con sus funciones fueron sustraídos.
El síndico explicó que la información contenida en el espacio corresponde a asuntos administrativos y jurídicos del Ayuntamiento, por lo que manifestó preocupación ante un posible uso indebido de esos documentos. También adelantó que buscaría presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los regidores que acompañaron el pronunciamiento señalaron además que algunos integrantes del Cabildo y sus familias habrían sido objeto de ataques en redes sociales y actos de presión, aunque hasta el momento no se han dado a conocer responsables identificados por las autoridades.
La disputa por la alcaldía llegó al Congreso de Puebla
La confrontación entre la alcaldesa y un grupo de integrantes del Cabildo inició semanas atrás, cuando ocho regidores y el síndico promovieron una solicitud de revocación de mandato contra Guadalupe Bárcenas, a quien acusaron de presuntas irregularidades administrativas, falta de diálogo y problemas en la conducción del gobierno municipal.
El expediente fue turnado al Congreso del Estado; sin embargo, el análisis del caso permanece en pausa mientras se desarrollan mesas de diálogo encabezadas por la Secretaría de Gobernación estatal. Legisladores señalaron que antes de tomar una determinación debe agotarse la vía de conciliación y revisarse la documentación presentada.
Antecedentes de una crisis de gobernabilidad
El enfrentamiento político en Acatlán de Osorio también ha involucrado cambios dentro de la administración municipal. En junio, integrantes del Cabildo aprobaron movimientos en áreas clave del ayuntamiento, incluida la salida de mandos relacionados con seguridad pública y la Secretaría General, en medio de protestas y reclamos ciudadanos contra la administración municipal.
Los regidores inconformes han sostenido que sus acciones buscan esclarecer presuntas anomalías y recuperar la gobernabilidad del municipio, mientras que la alcaldesa Guadalupe Bárcenas ha rechazado los señalamientos en su contra y ha mantenido su postura de continuar al frente del ayuntamiento.
Investigaciones continúan mientras crece la tensión política
Además de la disputa en el ámbito político, integrantes del Cabildo informaron que existen investigaciones abiertas relacionadas con la administración municipal y que la Fiscalía General del Estado mantiene carpetas de investigación vinculadas con hechos derivados del conflicto, aunque no se han precisado públicamente los motivos ni alcances de dichos procedimientos.
Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado responsables por las presuntas amenazas denunciadas por el síndico y los regidores. El caso continúa bajo revisión mientras el Congreso de Puebla y las autoridades estatales buscan una salida institucional a una crisis que mantiene dividido al ayuntamiento de Acatlán de Osorio.

