Una forma no muy ortodoxa de eliminar a los presidentes municipales de Morena que quieran reelegirse sin el aval del gobernador Alejandro Armenta será a través de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Aprovechando que las auditorías correspondientes al ejercicio fiscal de 2025 ya están casi concluidas, no le extrañe que de aquí al 21 de septiembre, en que se conocerán los nombres de los coordinadores municipales de la transformación, los reportes de algunos ayuntamientos comiencen a filtrarse.
Entre ellos el de Chignahuapan y su presidente municipal, Juan Rivera Trejo, quien tendría observaciones por sobrecostos, simulación de obras e irregularidades legales en la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales (Faismun) por 26.5 millones de pesos.
Estas anomalías corresponderían a 15 obras, entre las que destacan el desazolve del río Chautla para proteger de una inundación al fraccionamiento Green City, propiedad del munícipe, la construcción de banquetas en la calle Juan N. Méndez para dar plusvalía al citado desarrollo y la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ricardo Flores Magón que conduce al referido fraccionamiento, las cuales tuvieron un costo de 3.15, 3.02 y 2,9 millones de pesos, respectivamente.
Así como la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Belisario Domínguez que rodea el aserradero del secretario general del Ayuntamiento, Arturo Tavera, y la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lázaro Cárdenas en la que tiene su casa el director de Gobierno del Ayuntamiento, y en las cuales se invirtieron 3.15 y 2.67 millones de pesos.
¿Usted cree que cuando se difunda esta auditoría de Chignahuapan y su presidente, el morenista Juan “El Diablo” Rivera, la gente del municipio apoyará su reelección?
Por supuesto que no.
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Gringo recibe trato especial del Consejo de la Judicatura
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado sigue acumulando quejas, ahora de una madre poblana, quien además de ser víctima de violencia de género, ahora es obligada a entregar a sus menores hijos, de cuatro y cinco años, a su expareja, el estadounidense Robert Christopher Clarke, cada vez que viaje a México y le requiera verlos.
La inconformidad de Nayeli Elideth Monzón Alba radica en que su expareja, que no contribuye a la manutención cotidiana, cuidado y crianza de sus hijos, obtuvo una resolución exprés para tener la custodia compartida, pese a que ella tiene casi un año promoviendo un juicio de alimentos en el mismo Juzgado de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Cholula dentro de la carpeta digital JOF/DJCHO/2279/2025/A.
Roberto Christopher Clarke acudió el 25 de mayo al Consejo de la Judicatura a solicitar fecha para promover un juicio de visitas y convivencias en contra de Nayeli Monzón respecto de los niños Dominick, y Lucas, nacidos en 2020 y 2022.
Al día siguiente el estadounidense compareció ante el Juzgado y con la ayuda de un traductor –no acreditado como perito en la materia–, expresó su interés de que Nayeli le entregara a sus hijos los sábados y domingos que él viaje a Puebla.
El 27 de mayo, el Juzgado acordó favorablemente su petición, apercibiendo a la mamá de los menores que en caso de negarse sería sancionada con 50 UMAS, y el 28 de mayo, es decir, dos días después de la audiencia, un diligenciarlo se constituyó en el domicilio de Nayeli para hacerle saber las resoluciones del Juzgado.
La defensa de esta no solo está sorprendida por el trato preferente y la premura con que atendieron las peticiones del estadounidense, no obstante ser deudor alimentario y violentador de su expareja, como puede acreditarse con la denuncia presentada en su contra en la Fiscalía de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres, sino porque el Juzgado ha minimizado al riesgo de que aquel pueda sustraer del país a Dominik y Lucas, para llevárselos a la Unión Americana.
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