La Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno superaron la revisión de 6 mil plazas docentes y administrativas como parte del proceso de fiscalización que se realiza en el sector educativo de Puebla. El coordinador de gabinete, José Luis García Parra, informó que la investigación continúa en curso y estimó que los trabajos de inspección se extenderán durante algunas semanas más.
Derivado de los hallazgos detectados en el análisis de los movimientos internos del personal, las autoridades estatales han presentado seis denuncias penales en contra de ex servidores públicos. El funcionario estatal explicó que una vez concluido el periodo de revisión se determinará de manera formal si existen sanciones económicas, responsabilidades administrativas o procesos legales adicionales para los involucrados.
El plan de fiscalización contempla una segunda etapa donde el gobierno estatal analizará la viabilidad jurídica de ampliar las auditorías hacia administraciones anteriores. Al respecto, García Parra señaló que se explorará la posibilidad de auditar la gestión de gobiernos pasados, principalmente de extracción panista, con el objetivo de evidenciar el manejo que realizaron de la educación en la entidad.
La autoridad estatal precisó que algunas de las posibles conductas irregulares cometidas en periodos previos podrían encontrarse prescritas debido al tiempo transcurrido desde su ejecución. Pese a esta limitante legal, el coordinador de gabinete sostuvo que la información resultante de las revisiones retrospectivas servirá para documentar formalmente las prácticas detectadas en el sistema educativo estatal.
El proceso central de estas verificaciones institucionales busca identificar de manera integral las irregularidades en la asignación y control de plazas dentro de la dependencia. Las investigaciones vigentes y los procedimientos administrativos subsecuentes forman parte de la estrategia para determinar el impacto financiero de los movimientos de personal bajo escrutinio.
