La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una iniciativa de reforma para crear una comisión especial dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) que permita a los partidos políticos verificar si sus aspirantes a cargos de elección popular tienen posibles vínculos con la delincuencia organizada.
Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidencia, la mandataria federal informó que la propuesta será enviada al Congreso de la Unión durante el periodo extraordinario de sesiones y contempla modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La iniciativa plantea la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, adscrita al INE, con el objetivo de que los partidos puedan consultar, de manera voluntaria, si alguno de sus perfiles representa un “riesgo razonable” por presuntos nexos con grupos delictivos.
La titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, fue la encargada de presentar los detalles del proyecto.
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Casos de alcaldes ligados al crimen impulsaron la propuesta
Sheinbaum explicó que desde el inicio de su administración se han detectado diversos casos de presidentes municipales y funcionarios relacionados con actividades criminales, situación que motivó el impulso de este mecanismo preventivo.
Entre los ejemplos mencionó la llamada Operación Enjambre en el Estado de México, donde fueron detectados alcaldes y servidores públicos presuntamente vinculados con actividades ilícitas; además de los casos de Teuchitlán y Tequila, en Jalisco, así como recientes investigaciones en Morelos.
“Mucho de esto fue denuncia que me hizo la ciudadanía y que yo pedí que hubiera investigación”, señaló la mandataria.
La presidenta subrayó que se trata de “casos aislados”, aunque consideró necesario fortalecer los filtros rumbo al proceso electoral de 2027.
“Hemos vivido desde que entramos algunos casos, y lo subrayo, algunos casos de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada. (…) Son casos aislados, no es una cosa generalizada, son casos aislados. Pero es importante, si vamos a tener elección en el 2027, que se presente algún mecanismo que permita a los partidos políticos saber si una persona que se postula por el partido tiene o no algún antecedente”, expresó.
Así operaría la nueva comisión del INE
De acuerdo con la propuesta presentada por el Gobierno federal, la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas estaría integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del INE para un periodo de tres años.
El mecanismo sería de carácter voluntario para los partidos políticos, que podrían solicitar la revisión de antecedentes de sus aspirantes antes de registrarlos oficialmente.
La comisión realizaría consultas con distintas instituciones federales, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otras autoridades competentes.
Posteriormente, el INE informaría a los partidos si existe o no un “riesgo razonable” relacionado con vínculos delictivos, aunque sin revelar las fuentes específicas de la información.
Pese a ello, la decisión final sobre registrar o no a un candidato permanecería en manos de los partidos políticos.
Sheinbaum precisó que cualquier investigación penal continuará por las vías institucionales correspondientes y reiteró que el mecanismo deberá respetar la presunción de inocencia establecida en la Constitución.
“Obviamente todo tiene que estar en el marco de la presunción de inocencia que marca nuestra Constitución y las leyes”, puntualizó.
La presidenta recordó que esta medida formaba parte de su anterior propuesta de reforma electoral, conocida como “Plan A”, aunque no fue aprobada en su totalidad por el Congreso. Ahora, ante el próximo proceso electoral federal de 2027, el Gobierno federal busca impulsar exclusivamente este apartado.
