En medio del drama y la consternación, provocadas por el presunto asesinato de la joven Paulina Camargo; la falta de credibilidad hacia la figura del Procurador Víctor Carrancá genera un clima de incertidumbre sobre el posible esclarecimiento de este caso. Lamentablemente, el capricho del gobernador Moreno Valle de mantener a Carrancá en el cargo, no produce el más mínimo sentido de credibilidad hacia una de las instituciones que dependen precisamente de este elemento para darle confianza y tranquilidad a los poblanos.
¿Cómo creer las versiones de la PGJ, en las que se atrevieron a inventar toda una historia, para salvar al gobernador de un escándalo de homicidio en Chalchihuapan, al grado de haber acusado falsamente a los pobladores de haber sido los que mataron al niño Tehuatlie con uno de sus cohetones?
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue tajante cuando dio a conocer que Carrancá mintió con tal de proteger a su patrón.
Otro caso que claramente manchó la imagen del gobernador, fue su dudoso actuar en la investigación del asesinato de dos operadores del PRI en el distrito de Zacatlán, uno de ellos a una semana de la elección y otro el mismo día de la contienda.
Independientemente de que hasta la fecha no se hayan descubierto a los asesinos, fue más que sospechosa la primera conclusión del Procurador, cuando determinó que el móvil no era político sino personal.
Unos días después, el asesinato de un segundo operador del PRI en el mismo distrito, dejó en entredicho la conclusión de Carrancá.
También hay que sumar todas las consignaciones al vapor para apresar a los enemigos políticos —un centenar cuando menos— del gobernador, al grado de haber encarcelado al presidente auxiliar de Canoa por el supuesto robo de un celular.
En esa misma lógica, todos los casos delicados en los que Carrancá ha participado, están plagados de dudas, como las que hoy rodean el caso de Paulina Camargo.
Sin el ánimo de exonerar a José María, el novio y presunto asesino de la joven: me parece que el caso está muy lejos de ser resuelto, por un sinfín de inconsistencias en la investigación del presunto homicidio, en el que ni siquiera se tiene el cuerpo de la víctima y existe una acusación de tortura de parte del supuesto asesino, quien dice fue obligado a confesar un crimen que no cometió.
En mi entrega de mañana, les daré detalles de las incongruencias de la investigación de la PGJ, que siembran serias dudas sobre la muerte de la joven Camargo.
Y para acabarla de fastidiar, en plena crisis de credibilidad, Carrancá declara que no es un feminicidio, con el fin de evitar que se declare la alerta de género en Puebla.
Le guste o no al inefable Procurador, todo asesinato de una mujer, cuyas causas estén basadas en su condición de género, es un feminicidio.
Y si hay un detenido —justa o injustamente— por haber presuntamente asesinado a su novia por negarse a abortar, es un feminicidio.
Desafortunadamente el gobernador prefiere tener a un fabricante de delitos para satisfacer sus intereses políticos, en lugar de un verdadero fiscal que vele por los intereses de la sociedad.
Así las cosas, hoy la procuración de justicia en Puebla, está en manos del fabricante de delitos más grande del país.
Por eso pregunto: ¿Usted le cree al Procurador?
Yo tampoco.
