Las secretarías Anticorrupción y Buen Gobierno del estado y la Federación deberían investigar la compra de una nueva plataforma para el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) a la empresa Promad en más o menos 20 millones de pesos.
Se trata de la adquisición de un nuevo equipo CAD (Despacho Asistido por Computadora, por sus siglas en inglés), sistema tecnológico utilizado para gestionar emergencias, coordinar equipos de campo en tiempo real, registrar predenuncias por robo de vehículos y geolocalizar llamadas de emergencia al 911, entre otras cosas.
Dicha compra presenta varias irregularidades que bien ameritarían una investigación.
La primera es que el CAD a reemplazar –adquirido hace apenas un año en varios millones de pesos– funciona correctamente y no se justifica su sustitución.
La segunda es que la intermediaria de la venta de este costoso y sofisticado equipo de seguridad, Noemí Trujillo Sánchez, es juez y parte, pues por un lado labora en el Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y, por el otro, es directora de Proyectos Estratégicos de la empresa proveedora, Promad.
Y la tercera es que en la adquisición no justificada del nuevo CAD están involucrados varios subordinados del secretario de Seguridad del estado, el vicealmirante Francisco Sánchez González, como el coordinador general del C5 del estado de Puebla, capitán Ervin Sibaja Cruz, y su directora de Telecomunicaciones, Alejandra Ruiz Cosme.
Noemí Trujillo convenció al coordinador general del C5 de la compra de ese nuevo software que ella misma recomienda como funcionaria del CNI y como directora de Proyectos Estratégicos de la empresa que lo vende.
Y Alejandra Ruiz por dictaminar técnicamente que el CAD actual tiene que ser relevado por uno nuevo y por avalar la adquisición del nuevo software de la empresa Promad.
Para las secretarías Anticorrupción no debería ser muy gravoso investigar y documentar esta transacción y el rol que en ella han desempeñado los servidores públicos mencionados; claro, si hay voluntad política.
Bastaría con que ambas dependencias solicitaran a la directora de Telecomunicaciones el dictamen técnico donde se jubiló el CAD que viene funcionando y por el cual se avaló la compra de un nuevo equipo.
O que ambas dependencias entrevisten al personal operativo en funciones del CAD que actualmente existe y está funcionando, además de los servidores públicos que en los últimos días han renunciado o han sido despedidos del C5 de Puebla.
Todos ellos podrían corroborarle lo aquí afirmado. Es cuanto.
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