La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó esta mañana su propuesta de reforma electoral, la cual es el resultado del trabajo de la Comisión Presidencial designada para este fin y encabezada por Pablo Gómez Álvarez, 63 audiencias públicas realizadas en la Ciudad de México y las entidades federativas, así como y la revisión de mil 357 propuestas ciudadanas y técnicas para modificar la legislación electoral.
“La nueva realidad democrática no puede continuar operando bajo reglas diseñadas dentro de un contexto histórico distinto”, señaló Gómez, quien sostuvo también que el modelo de pluralidad política no debe depender exclusivamente de acuerdos internos entre partidos, sino surgir directamente del voto ciudadano.
Dicha propuesta será enviada el próximo lunes 2 de marzo al Congreso y gira en torno a 10 ejes estratégicos:
- Integración del Congreso de la Unión: La Cámara de Diputados tendrá 500 integrantes en esta propuesta, todos por votación directa. De ellos 300 serán electos por distrito electoral, y 200 por mayoría relativa.
Se mantiene la misma fórmula de representación proporcional prevista en la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo que cambia es la selección de los 297 candidatos que no resulten ganadores; será sin lista y designados según los resultados que obtengan para su partido en sus distritos, más 95 elegidos por votación directa por circunscripción y por partido político. Se hará respetando la paridad de género: se podrá votar por un hombre y una mujer. Además ocho representantes de partidos serán elegidos por mexicanos residentes en el extranjero.
Sheinbaum aseguró que no se busca un partido-Estado ni un partido único, pero que “nadie puede quedarse en su casa tranquilo esperando ser el número uno de la lista pluri”.
- Reducción del gasto: El gasto público en materia electoral, que ronda en 61 mil millones de pesos en 2024, sigue siendo el más alto del mundo; el dato expuesto por Pablo Gómez Álvarez es la justificación para proponer la reducción del 25 por ciento en el costo total de las elecciones. Esto abarca una reducción a los recursos del
Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos, tribunales electorales, los organismos públicos locales electorales OPLE.
En este aspecto también se incluye reducción se baja del número de regidurías, esto conforme a la población de cada municipio hasta un máximo de 15 posiciones.
- Mayor fiscalización de los recursos: El INE tendrá acceso a las operaciones financieras de los partidos y personas candidatas con la prohibición del uso de dinero en efectivo con el objetivo de la correcta fiscalización de los subsidios y el combate al uso de recursos ilícitos en los procesos electorales.
Se propone también un sistema de información cotidiana que permita al INE contar con datos a detalle de toda la información financiera.
- Voto en el extranjero: Se facilitará el voto a la población de mexicanos residentes en el extranjero para la votación para elegir a ocho diputados que serán sus representantes.
- Reducción de tiempos de radio y televisión: se reducen de 48 a 35 minutos diarios.
- Regulación de los cómputos distritales: Iniciarán al término de la jornada electoral, con los cuales quedan fuera los PREP y se va directamente a los resultados preliminares oficiales.
- Inteligencia Artificial: Se propone la regulación del uso de Inteligencia Artificial y prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales, esto en relación con las elecciones y con el fin de que sea el sentir de la ciudadanía lo que se exprese en las redes sociales, en vez de que las redes se inunden de una guerra de bots.
- Democracia participativa: Que los ciudadanos en estados y municipios participen en la decisión de los proyectos en los que se invierte el dinero público, así como el uso de tecnologías como el voto electrónico.
- No nepotismo: Los cargos de elección popular no pueden ser heredados a familiares.
- No reelección: Se prohíbe la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular. Esta ya está aprobada en la ley, pero la reforma busca retirarla en todos los cargos de elección popular a partir de 2030.
A pregunta expresa sobre si se mantiene o no el fuero, la presidenta señaló que se mantiene en esta propuesta. “En mi opinión, debería quitarse, pero por consideraciones de la comisión se dejó”.
Sin embargo, explicó que esto no quiere decir que un diputado o funcionario no pueda ser juzgado; “si hubiera una denuncia o se abre una carpeta de investigación, está obligado a responder”.
