Un ambiente de zozobra, de malestar, se vive en el Poder Judicial poblano debido a que se avecina un proceso de “jubilación forzada” para un número importante de jueces de la llamada “vieja guardia”, es decir, los más experimentados. Un cambio que parece ser más un intento de “purga” de aquellos togados que resultan incomodos al actual Consejo de la Judicatura, en lugar de ser una depuración de aquellos juzgadores que se han destacado por estar atrás de las mafias que se dedican a cometer despojos inmobiliarios o traficar sentencias a favor de delincuentes.
Se dice que aún no se tiene determinado el número exacto de jueces que serían obligados a dejar sus cargos, bajo la supuesta modalidad de que ellos solicitarán su propio retiro.
Una versión apunta a que serían 14, los togados que van a ser sustituidos y ya se seleccionó a quienes saldrán en este proceso.
Otra versión indica que serían 20 jueces y todavía no se cuenta con la lista completa de los que acabarán siendo desplazados.
Entre los nombres de jueces que podrían ser obligados a jubilarse, aunque no tengan la intención de hacerlo, se destacan los siguientes: Elmo Mayoral, Miguel Ángel Martín Hernández, Alberto Zenteno, Fernando Cornejo, Alejandro Ramírez, Marcos Benítez, Alicia Ortiz, Alberto Bagatella y Rosalba Pantoja.
El procedimiento que se buscaría aplicar es el mismo que se utilizó a mediados del año 2024, en que casi tres decenas de jueces se les giró una circular en la cual se les “invitaba” a solicitar su retiro por haber cumplido más de dos décadas de servicio.
Algunos aceptaron retirarse, pero a varios de ellos que se negaban a dejar el cargo simplemente les llegó una segunda notificación, en la cual les comunicaban que su jubilación ya estaba en curso, sin que ellos lo hubieran pedido.
Es entendible que en un poder público tenga que haber un cambio generacional y sobre todo, el retiro de quienes ya cumplieron con su ciclo laboral. Sin embargo, el malestar y la zozobra que este proceso provoca proviene de los siguientes dos factores:
Primero: que no se respetan los derechos laborales de los jueces y de manera velada se les da entender que, si se oponen al retiro, podrían ser “congelados” en sus funciones dentro del aparato de impartición de justicia y acabar cesados, es decir despedidos.
Mucho del enojo se debe a que se plantea un retiro con una pensión mínima, que está muy lejos de los beneficios, o mejor dicho los privilegios económicos, que reciben los magistrados del Poder Judicial, quienes si tienen jubilaciones “doradas”.
Segundo: porque se sabe que atrás de la sustitución de jueces no está ocurriendo un cambio para bien del Poder Judicial poblano, sino lo que realmente se busca es que los miembros del Consejo de la Judicatura coloquen como juzgadores a personas que respondan a sus intereses particulares.
Es decir, lo que acabará dominando es un tráfico de influencias. Uno de los vicios más arraigados en el Poder Judicial.
La amarga experiencia de 2024
En el mes de junio de hace un par de años, por primera vez en la historia del Poder Judicial poblano se eligió a 29 jueces por examen de oposición, luego de que se obligó a un número igual de togados a jubilarse.
El proceso en un inició despertó un inusual interés y optimismo de docenas de funcionarios de este poder público que se creyeron que por fin habría una selección justa, profesional y ordenada para acceder a los puestos de titulares de los diferentes tipos de juzgados que hay en Puebla.
Muchos de los interesados se pusieron a estudiar y prepararse para atender los requisitos, los plazos y las condiciones que había en la convocatoria.
Al final todo terminó en una amarga experiencia.
Lo que acabó dominando fue el tráfico de influencias, la recomendación de familiares y la opacidad con que se seleccionó a los finalistas para ser nombrados jueces.
Se supo que la mayoría de los que ganaron un puesto de juez eran los recomendados de los magistrados que encabezaron el comité de evaluación. Ellos alentaron que sus propios colaboradores a que se inscribieran y después los hicieron ganar las vacantes disponibles.
También fue evidente que se favoreció a parientes de ex magistrado o de jueces en activo. Siempre se tuvo la sospecha de que María Dolores López Rubí, Gabriela Juárez y Lishedy Zepeda ganaron un puesto de togadas por provenir de familias que han tenido presencia en el Poder Judicial.
De los funcionarios judiciales que se prepararon para presentar el examen, que hicieron valer su experiencia de años como artífices del funcionamiento de los juzgados y que llegaron sin respaldos de algún magistrado, simplemente les acabaron dando “las gracias por participar”.
Todo mundo tiene la sensación de que ocurrirá lo mismo ahora que se cubran los cargos de los jueces que serán obligados a jubilarse. No hay nada que haga suponer que, en esta ocasión, las cosas serán diferentes.
Sobre todo, cuando el actual presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, no tiene ni la edad ni los años de experiencia que se le pide a un aspirante a ser magistrado del Poder Judicial.
Con él no se puede aplicar el dicho de que: “el buen predicador, por su casa empieza”.
