El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció que su gobierno se declarará en moratoria de pagos por la deuda del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, de la cual aún restan por cubrir 4 mil 300 millones de pesos hasta el año 2037. El mandatario calificó esta obligación financiera como “inmoral” e “incorrecta”, al contrastarla con el valor real del inmueble.
Durante su conferencia de prensa, Armenta sostuvo: “Me voy a declarar en moratoria y si me destituyen, que me destituyan”, al señalar que el costo final del CIS superará los 7 mil millones de pesos, pese a que el valor estimado del edificio no excede los mil 500 millones de pesos, incluso con márgenes de ganancia para los constructores.
De acuerdo con las cifras expuestas, desde la firma del contrato en 2012 y hasta diciembre de 2025, el Gobierno de Puebla ha pagado 2 mil 617 millones de pesos por el CIS Angelópolis. A ese monto se suman los 4 mil 300 millones de pesos pendientes de pago entre 2026 y 2037, lo que eleva el costo total del proyecto.
El gobernador atribuyó el origen de la deuda a administraciones anteriores, particularmente al periodo en el que se impulsaron Proyectos de Prestación de Servicios (PPS). Señaló que el contrato fue firmado durante el gobierno panista y que la empresa encargada de la obra fue Alfa Constructores, propiedad de la familia Abed, bajo un esquema de Asociación Público Privada con un arrendamiento pactado a 25 años.
Como parte de las acciones anunciadas, Armenta informó que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar una revisión del monto restante de la deuda. “No estoy amenazando, pero tampoco haré negocios en lo oscurito”, afirmó al referirse al recurso legal.
El mandatario reiteró que su postura busca transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos y sostuvo que la carga financiera del CIS Angelópolis limita la capacidad presupuestal del estado. Además de la moratoria, indicó que se iniciaron revisiones por parte de las Secretarías de Finanzas e Infraestructura, así como de la Consejería Jurídica, en torno a los contratos relacionados con esta obra.
