La reaparición del presunto huachicolero “El Toñín” (Antonio Valente Martínez), en defensa de su hija Guadalupe Martínez, presidenta municipal de Quecholac, desató un enfrentamiento político y mediático entre este curioso personaje –que ahora se dice “noble agricultor”– y el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala.
“El Toñín” acusa al funcionario estatal de maltratar a la alcaldesa al supuestamente intimidarla para exigirle su intervención para pedir a su padre el desbloqueo de la autopista Puebla-Veracruz, secuestrada durante varias horas por una protesta contra la nueva Ley de Aguas.
El choque causó que prácticamente todos los actores relevantes de la 4T poblana salieran en defensa de Aguilar Pala, quien, más allá de los matices del comunicado en el que negó haber maltratado a la presidenta municipal, ubicó el meollo del conflicto: ¿Quién manda verdaderamente en Quecholac, epicentro de la zona huachicolera conocida como El Triángulo Rojo? ¿El papá, un presunto criminal, o la hija, quien ayer exhibió la alianza perversa con los Mier (el diputado federal y el senador) al echarle porras luego de que los manifestantes aceptaran milagrosamente levantar el paro carretero tras un día de bloquearlo y después de que les mostró un video en el que Ignacio Mier Bañuelos se compromete a “no afectarlos” con la Ley de Aguas? ¿Casualidades? Nada lo es en política y menos cuando esta tiene las manos metidas en la delincuencia organizada.
📣 Guadalupe Martínez, presidenta municipal de #Quecholac #Puebla e hija del huachicolero “El Toñín”, lanza porras… ¡al senador de #Morena Ignacio Mier!, el mismo que HOY ya fue a ponerse de tapete con la virtual nueva fiscal (carnal) de México, Ernestina Godoy: el miedo no anda… pic.twitter.com/P4AHibxuOt
— Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) December 4, 2025
Estableció Aguilar Pala:
“Desconozco si los destinos de Quecholac los lleva otra persona ajena a la autoridad municipal”.
📣 Postura respecto al Tema del municipio de Quecholac. pic.twitter.com/ZWQlMIlpHe
— Samuel Aguilar Pala (@aguilar_pala_S) December 3, 2025
El problema es ¿en manos de quién o quiénes está el Ayuntamiento de Quecholac?
Y ello ha revivido uno de los episodios más vergonzosos de la política poblana: el momento en el que el Partido Social de Integración (PSI) decidió hacer candidata a Guadalupe Martínez a pesar de ser la hija de un presunto líder huachicolero de la región.
Al igual que Movimiento Ciudadano en su momento, quien postuló en Chignahuapan a otro sujeto (Juan Lira Maldonado, “El Moco”) de turbio pasado y presente, el PSI no tuvo ningún escrúpulo para meter en la boleta a la familia de “El Toñín”.
Ignoró todos los llamados de alerta y ni siquiera por simple precaución, o asepsia política, abortó dicha candidatura.
Hoy, gracias al PSI, “El Toñín” no sólo se siente con el suficiente poder para lanzar un desafío al gobierno de Alejandro Armenta Mier –“ten respeto, cabrón”, le espetó de plano al titular de la Segob-, sino de hasta burlarse de las autoridades y partidos cuatroteístas que, impotentes, no atinan más que a emitir desplegados de solidaridad.
🔴 #POSICIONAMIENTO pic.twitter.com/3Un7X74rGW
— Morena Puebla (@MorenaPuebla_) December 3, 2025
Fue durante el gobierno de Enrique Peña Nieto que a “El Toñín” se le consideró como uno de los objetivos prioritarios en materia de seguridad.
Incluso, en 2017 la Secretaría de Marina y la Fiscalía de Puebla lo detuvieron en el fraccionamiento El Secreto, en Lomas de Angelópolis.
A pesar de acusarlo de ser uno de los líderes del huachicoleo en el Triángulo Rojo, lo dejaron en libertad por falta de pruebas.
Luego, fue arropado por el PSI, que lo defendió como se defiende a un hijo.
En su tiempo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta lanzó una verdadera cruzada para reaprehenderlo, pero, pese a por lo menos una fuerte incursión policiaca en una de sus propiedades, no lo logró.
“El Toñín” no paró de burlarse.
Un hermano de “El Toñín”, José Alejandro, fue alcalde de Quecholac, del 2018 a 2021, también con el apoyo del PSI y resultó detenido por delitos relacionados con ejercicio indebido de funciones públicas.
Desde aquellos días, “El Toñín”, quien no deja de asumirse como víctima de una perversa “fabricación de delitos”, empezó a impulsar la figura de su hija para que la familia regresara a la presidencia municipal.
Para ello se volvió un “influencer”, con miles seguidores en Facebook, donde a la fecha presume su vida de agricultor y benefactor de la región, pues, como un moderno Robin Hood, suele regalar miles de costales de verduras a la población, que sencillamente lo ama y respalda.
En Quecholac es considerado un “líder social” y “amigo del pueblo”, y pobre de aquel local o extranjero que ose cuestionar o manchar su reputación.
Hoy es “defensor del agua” y a sus críticos no solo amaga con denunciarlos –como ha sido el caso de varios medios de comunicación–, sino les dice “envidiosos porque mi brillo los lastima”.
Hace unos días, el gobernador Alejandro Armenta se refería precisamente a los partidos políticos que hacen candidatos o candidatas a delincuentes o a personas vinculadas directa o indirectamente a presuntos delincuentes.
En una de sus conferencias de prensa matutinas, decía que “pertenecer a un partido no es pasaporte de impunidad” y que cualquier partido que “aliente a un delincuente se convierte en partido delincuente”.
Y de repente, días después de las palabras de Armenta Mier, revivió el caso Quecholac.
No por nada, en medio del choque “El Toñín”-Aguilar Pala, en una importante oficina de Casa Aguayo se escuchó en las últimas horas:
“Que el PSI recoja sus desechos”.
Es decir, que el PSI –un partido estatal propiedad de la familia Navarro– asuma la responsabilidad de llevar al poder a este tipo de perfiles.
No es la primera vez que lo hace. También lanzó como candidato a Pablo Morales Ugalde, exalcalde de Palmar de Bravo, otro municipio del Triángulo Rojo, quien también estuvo en prisión por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Perfiles, sí, sumamente cuestionables y que a la postre se convierten no solo en incontrolables, sino en verdaderas pesadillas para los gobiernos y la gobernabilidad del estado, y se está viendo en estos días que corren.
Aunque ciertamente también es justo hacerse algunas preguntas básicas:
Si “El Toñín” es ese líder huachicolero que las autoridades dicen desde por lo menos 2017, ese pillo “de siete suelas”, ese peligroso criminal que domina El Triángulo Rojo, ¿por qué no lo han detenido?
¿Cuál será la respuesta del estado ante el desafío y las ofensas?
¿Habrá respuesta?
