La FGE mandó a 700 policías y marinos a recuperar terrenos de Zetina, pero como había menos de 30 opositores, mejor se retiró

Cada vez es más evidente que desde la Fiscalía General del Estado (FGE) se vende protección a las invasiones de bienes inmuebles en Puebla. Una anomalía que se ha acentuado, en particular, en torno al despojo de 400 hectáreas de la Ex Hacienda de San José Zetina en donde, apenas hace unos días y de acuerdo con datos oficiales, de manera sorpresiva y absurda la FGE armó un megaoperativo para cumplir una orden judicial de desalojo, en el que echó mano literalmente de todo un ejército formado por más de 700 agentes investigadores, policías y marinos, para que, de manera inexplicable, informara que no se pudo hacer nada porque había la resistencia de no más de 30 personas, entre ellos ocho niños que apenas van a la primaria.

Visto de otra manera, en promedio entraron a la zona 26 militares y agente policiacos por cada uno de los invasores que se oponía al desalojo, incluidos los niños de 8 y 10 años.

Pese a que los miembros de la seguridad pública llevaban cascos, chalecos antibalas, gas lacrimógeno, toletes, escudos contra objetos metálicos y equipos de comunicación, no pudieron desactivar a un minúsculo grupo que, fuera de algunos palos, solo tenían piedras para oponerse al paso “del ejército de la FGE”.

Resulta muy sospechoso que de nada sirvió la abrumadora superioridad –de 26 a 1– del operativo oficial, frente a un minúsculo grupo que ofrecía una muy limitada resistencia. Eso deja un tufo a corrupción o ineptitud de quien o quienes debía lograr que se llevara acabo el desalojo.

De acuerdo con una lectura que este columnista pudo hacer del expediente judicial del caso de San José Zetina, se desprende que la FGE echó manó del siguiente ejército:

La mañana del pasado 25 de septiembre, llegaron a la zona de conflicto en las inmediaciones de San Andrés Azumiatla, 622 uniformados de la Policía Estatal, 100 agentes investigadores de la FGE, 28 peritos en criminalística y 33 afectivos de la Marina.

En total eran 783 servidores públicos que iban con un propósito: dar cumplimiento a una orden de desalojo dictada por un juez.

Una orden que nada más tiene dos años de atraso de ejecutarse, ya que el primer mandamiento judicial de restitución de los predios a sus legítimos dueños se dictó por el juez Aarón Hernández Chino, el 29 de noviembre de 2023.

Es decir, esta semana se cumple un bienio en que la FGE le ha dado vueltas, más vueltas, otras vueltas más, a este asunto para invocar cualquier pretexto para no ejecutar varias resoluciones que se han dictado desde el Poder Judicial para sacar del área a los invasores.

Tal situación plantea dos posibles explicaciones:

Primera: la FGE –a cargo de Idamis Pastor Betancourt– es tan débil y carente de una profesionalización ministerial y policiaca, que una fuerza de 738 agentes no puede desactivar un reducido grupo de 20 adultos y 8 niños aventando piedras.

Tal vez por eso la FGE tampoco puede detener a asaltantes, narcomenudistas, huachicoleros y estafadores, porque seguramente siempre han de cargar “un arsenal de piedras de grueso calibre”.

Eso parecería ser una buena y lamentable noticia para la delincuencia: ya no se necesita utilizar armas de fuego para cometer atracos, con llevar unas “buenas piedras” es más que suficiente para provocar que salgan corriendo los agentes de la FGE.

Si se hace una lectura crítica del expediente de San José Zetina este comentario de “las piedras” y la huida de los agentes ministeriales, policiacos y los marinos, no suena a sarcasmo, sino a una triste y preocupante realidad.

Resulta difícil de creer que 700 agentes no puedan rodear y someter –que no implica reprimir– a un reducido grupo de infantes y adultos que lanzan cualquier objeto que se encuentran a su alrededor.

Segunda: lo de argumentar que había un grupo “aventando piedras” en realidad parece ser un modus operandi de la FGE para vender protección a las invasiones de bienes inmuebles.

Curiosamente, en por lo menos cuatro casos de despojos de grandes predios se ha usado el mismo argumento: no se pudo ejecutar mandatos judiciales porque hay gente con rocas en las manos.

Ese ha sido el argumento en otra destacada invasión: de la ex fábrica textil La Covadonga, en donde hubo dos operativos contra los autores de un par de despojos de bienes inmuebles. Los servidores públicos que se presentaron en la zona, que superaban en dos o tres tantos a los presuntos delincuentes, se retiraron sin ejecutar los mandamientos judiciales bajo el argumento de que “no había condiciones” porque la gente “amenazaba con lanzar piedras”. Eso pasó a lo largo del presente año.

Si la segunda explicación es la válida, eso quiere decir que alguien desde de la FGE está “vendiendo” el favor de frenar todas las órdenes de jueces de restituir predios invadidos.