El jueves anterior fracasó el cuarto intento, a lo largo de los dos últimos años, de restituir a los legítimos propietarios una extensión de 400 hectáreas de la Exhacienda de San José Zetina que fue invadida y ha sido objeto de ventas ilegales. Tal como ocurrieron los hechos, hay suficientes evidencias para sostener que todo se trató de un montaje de la Fiscalía General del Estado (FGE) –a cargo de Idamis Pastor Betancourt– para acatar la orden de un juez de desalojar los predios, pero sin la más mínima intención de tocar los intereses de los grupos que cometieron el presunto delito de despojo y que usan un grupo armado para su defensa.
A lo largo del presente año, el mismo juez, Salvador Hernández Martínez, ha ordenado a la FGE en tres ocasiones que restituya la propiedad en cuestión –ubicada al sur del municipio de Puebla– y luego de advertir la última vez que, de no hacerlo la Fiscalía se volvería encubridora de los delitos cometidos en la invasión, finalmente se ordenó el operativo de la semana anterior, que al final solamente fue un engaño de la autoridad ministerial.
Para sostener los anterior, se tiene una lista de cuatro factores claves que demostrarían cómo la Fiscalía General del Estado habría actuado a favor de los invasores. Estos son los detalles claves:
Primero: al lugar de los hechos llegaron, desde las primeras horas del jueves 26 de septiembre, un grupo aparatoso de agentes de las policías Estatal y Municipal de Puebla, así como miembros de la FGE, que arribaron al sitio –que pertenece a la junta auxiliar San Andrés Azumiatla– con más de 50 patrullas. Se calcula que eran entre 150 y 250 uniformados.
Video: Especial
Todo eso aparentemente estaba bien, si no fuera por una particularidad, faltó al operativo el personaje esencial para llevar acabo la diligencia, que es el agente del Ministerio Público que tiene asignado el caso, bajo el argumento de que lo habían comisionado a acudir a otra actividad todavía “más importante”.
Esa es una ausencia muy sospechosa si se toma en cuenta lo siguiente: hace unos meses el juez que lleva la causa penal de este caso, le hizo un extrañamiento al Ministerio Público porque no programó el operativo de desalojo.
Semanas más tarde, se lo volvió a ordenar y como tampoco resolvió, entonces el togado lo multó con una cantidad equivalente a un tercio de su salario mensual.
La tercera vez que el juez Hernández Martínez le pidió intervenir, le advirtió que si no lo hacía en esta ocasión, volvería a ser sancionado económicamente y se le consideraría encubridor de los delitos que se cometieron con la invasión de la Exhacienda de San José Zetina.
Y con todos esos antecedentes, el funcionario ministerial no asomó la cabeza en el operativo.
Habrá que preguntarse: ¿se ausentó por negligente o por complicidad?
Segundo: el detalle más sorpresivo, más contundente, es que un grupo de entre 25 y 35 pobladores de la zona invadida, se apostaron en el camino de terracería que lleva a la zona del conflicto desde varias horas antes de que llegaran los agentes policiacos. Incluso se pusieron a consumir café y pan, en lo que esperaban a los uniformados.
Eso despierta la sospecha que, desde la FGE, se habría alertado a los invasores de que ese jueves por la mañana se haría el intento de desalojo.
Tercero: en la zona hay tres caminos. Uno que es acceso central, y otros dos que pasan por la parte baja y otro en la parte alta de la enorme extensión de lo que fue la Exhacienda de San José Zetina.
Todos los policías fueron formados en un solo contingente, tal como se ve en el video que se presenta en este texto, que fue directo a donde ya los esperaban los pobladores a los que, previamente, les habían dado “el pitazo” de que llegaba la policía, para que al cabo de unos minutos se declarara que no había condiciones de intervenir, pues se quería evitar “un conflicto social”.
Si se hubiera querido recuperar la propiedad, los encargados de la movilización policiaca habrían dividido en tres al grupo de agentes, para que unos se toparan con los invasores, pero los demás uniformados rodearan la zona y pudieran entrar sin problema a los predios que se debía restituir.
La proporción entre los policías y los pobladores que los enfrentaron era totalmente desigual. Había una ventaja de 10 a 1 de los servidores públicos, por lo que no se explica cómo no pudieron ejecutar la orden del juez de Control.
Cuarto: la mayoría de los agentes iban con cascos, chalecos antibalas, con escudos y toletes. En cambio, la mayoría de los pobladores que los enfrentaron con piedras eran niños.
Quienes presenciaron los hechos dicen que había enojo, un fuerte malestar, de los miembros de las corporaciones de Seguridad Pública, pues sentían que solo los llevaron para colocarlos en un lugar específico y dejar que los apedrearan, sin que ellos hicieran algo al respecto. Todo con el propósito de decir “que se hizo todo lo posible por recuperar los terrenos, pero no hubo condiciones para hacerlo”.
Todos estos factores hacen conjeturar que la FGE estaría jugando del lado de los invasores.
O por lo menos eso aparenta lo acontecido.
