La Fiscalía General del Estado (FGE) se ha negado en dos ocasiones –tan solo en este año– a acatar un fallo judicial expedido hace 23 meses para restituir a sus dueños las 400 hectáreas de la Exhacienda de San José Zetina que fueron invadidas en 2023. Esa actitud omisa ha provocado que el juez de la causa se haya visto obligado a advertirle a la FGE que si antes de concluir el presente mes no responde positivamente y ejecuta la orden de recuperar los predios, entonces se interpretará que la dependencia estaría encubriendo los delitos que se han cometido en dicho despojo.
El ultimátum enérgico que ha emitido el juez de Control Salvador Hernández Martínez, está en una primera instancia dirigido al agente del Ministerio Público (MP) –cuyo nombre se omite en la resolución oficial–, a quien lo está apercibiendo que si no cumple en esta ocasión será multado y enfrentará un proceso jurídico por encubrir los delitos que se cometieron con la invasión de los terrenos.
Aunque se interpreta que el togado estaría utilizando la técnica del dicho que dice: “te lo digo Juan, para que lo entiendas Pedro”.
En este caso, aunque la advertencia se dirige al agente del Ministerio Público encargado del caso, queda claro que en realidad está exhibiendo la actitud omisa de la Fiscalía General del Estado –a cargo de Idamis Pastor Betancourt– para proceder en contra del conflicto más grande de invasión de tierras que hay en el presente.
La invasión de la propiedad en cuestión ocurrió –por parte de un grupo armado– a principios de 2023 y a finales de ese año, uno de los cuatro jueces que ha intervenido en el juicio por el delito de despojo, ordenó que las 400 hectáreas ubicadas en la comunidad de San Andrés Azumiatla, del municipio de Puebla, fueran restituidas al propietario original, en lo que concluye el litigio en cuestión.
Hace unas semanas el juez Salvador Hernández Martínez le ordenó al agente del Ministerio Público que lleva la causa que, por enésima vez, intentara fijar una fecha para llevar a cabo un operativo de las fuerzas de seguridad públicas para recuperar los terrenos.
El funcionario de la FGE no cumplió el mandato. Argumentó que enfrentaba una alta carga de trabajo.
A principios de agosto pasado –tal como ya se relató con anterioridad en esta columna–, el juez insistió, pero ya con una diferencia importante, le advirtió que si volvía a no responder en tiempo y forma, sería multado con 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.
Sorprendentemente, el representante social prefirió ser multado con una cantidad equivalente a un tercio de su salario mensual, en lugar de acatar el mandato del juez.
Una actitud que ya “huele muy mal” y pareciera que el problema no es la carga de trabajo del representante del Ministerio Público, sino la falta de voluntad para proceder contra los invasores de tierras que, en un par de ocasiones, han disparado al aire sus armas de fuego ante la presencia de policías ministeriales y no pasa nada.
En esta segunda ocasión, el MP respondió que se estaba en preparación de la intervención policiaca en la zona de conflicto y que pedía una prorroga para intervenir la zona invadida.
Eso ha llevado a que el titular del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Salvador Hernández Martínez, suba el tono de su última resolución –que dictó hace unos días– en donde le está dando un ultimátum a la FGE: se debe cumplir el mandato judicial de restituir los predios antes de que concluya septiembre. Es decir, en la presente semana.
De acuerdo con lo que resolvió el juez –cuyo contenido este columnista pudo leer– se establece que ante el argumento del MP que pide una prórroga para restituir los predios de la Exhacienda de San José Zetina, el togado le indica:
“Se tiene por recibido escrito signado por agente de ministerio público, a través del cual informa que se encuentra gestionando el apoyo a las corporaciones policiacas… solicitando una prorroga para poder solicitar con la debida antelación el apoyo de las instancias de seguridad que coadyuvan a dicha representación social…” (sic).
Pero advierte: “… sin embargo, de sus manifestaciones vertidas no son imposibilidad para dar cumplimiento con el mandato legal de fecha 16 de noviembre de 2023, sobre la restitución provisional del inmueble… se podría advertir que se estaría encubriendo diversos delitos…” (sic).
Luego crece todavía más el tono del mandato: “… por lo que se ordena a dicha representación social, por última ocasión para que en un término no mayor a 10 días contando a partir de su legal notificación, haya generado las condiciones necesarias y dé cabal cumplimiento a lo reiteradamente requerido por esta autoridad…” (sic).
Y lanza la advertencia: “…por lo que de ser omiso será acreedor a una multa disciplinaria de 500 veces el valor de la Unidad de Medición y Actualización, y vista a su superior jerárquico” (sic).
