Este jueves, el Ayuntamiento de Puebla pagará otras dos liquidaciones a trabajadores que fueron despedidos y obtuvieron un laudo favorable desde 2019 y cuyo monto de liquidación se acordó en marzo de 2025.
Antes de ellos fueron liquidados con 566 mil pesos, ya con deducción de impuestos, dos ex empleados municipales: Víctor Rosas Herrera y José Mario Reyes Zepeda.
Sin embargo, ninguno de los dos recibió su finiquito completo, pues tuvieron que ceder entre un 20% y un 30% a funcionarios de la administración de José Chedraui Budib, entre ellos al apoderado legal de la Sindicatura Municipal, Milton París Aguirre León.
Esta no es práctica nueva, sino una forma de corrupción que se ha repetido por años en las gestiones municipales del PRI, el PAN y Morena, siempre bajo la misma fórmula.
El modus operandi de esta extorsión es más o menos así: de pronto, los abogados de la Sindicatura, que han echado mano de toda clase de artimañas y artilugios legales para alargar los juicios y el pago de finiquitos, se ponen accesibles y facilitan las cosas para la entrega de los cheques.
Previo a esa comparecencia y fuera del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla (TCAMP), existe una negociación donde los funcionarios implicados en esta transa, en complicidad con el magistrado presidente del Tribunal, pactan el pago de un moche con los trabajadores y su asesor legal.
Cuando el porcentaje de esa extorsión y la forma en que será entregada se acuerdan, la audiencia se agiliza.
Eso es lo que ocurrió con los empleados arriba mencionados, en la audiencia del 10 de octubre, y lo que sucederá en el pago de la liquidación a los extrabajadores del ayuntamiento Harvard Omar Reyes y Víctor Manuel Sánchez.
Para comprobarlo, la poco eficiente contralora del Ayuntamiento, Dulce Lilia Rivera Aranda, no tendría más que presentarse o enviar emisarios suyos a la audiencia en el TCAMP para entrevistar a los trabajadores liquidados sobre cuánto en realidad recibirán por indemnización constitucional, pago de salarios vencidos, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional y aportación de seguridad social.
En otras palabras, documentar cuánto de los 566 mil pesos que recibió o recibirá cada uno, fue o será para ellos, y cuánto es lo que tuvieron que pagar por fuera, además de los honorarios de sus abogados.
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