Dueña en pleno ya de los tres poderes del Estado mexicano –el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial– y sin oposición de ningún tipo en el horizonte, la denominada 4T va ahora, como estaba cantado desde hace tiempo, por el control total de las elecciones, que le garantice eternizarse en el poder como en su momento lo hizo el PRI.
¿O qué otra cosa significará la inminente reforma electoral impulsada desde Palacio Nacional, no desde los partidos políticos, la sociedad civil o los órganos especializados?
Solo un ciego no alcanza a ver lo que Morena se dispone a concretar: la cereza en el pastel de un entramado constitucional –sin duda legal, pero perverso– que le permita decidir cómo y cuándo se realizan las elecciones en el país y quiénes las ganan –o quiénes las pierden.
Es justamente lo único que le falta al régimen lopezobradorista para asegurarse de seguir al mando de la nación por varias décadas –a menos que el proceso de degradación y las luchas internas por el poder decidan antes otra cosa.
La reforma electoral impulsada por el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, plantea varios riesgos y peligros para la imperfecta democracia que a duras penas hemos logrado construir como sociedad.
Y es que la propuesta busca sustituir al INE por un nuevo organismo, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), con consejerías y magistraturas asignadas por voto popular directo.
Esto podría generar:
Partidización del arbitraje electoral: La selección de autoridades electorales estaría controlada por el partido en el poder, lo que afectará la imparcialidad y objetividad en el proceso electoral.
Desprofesionalización de la administración electoral: La elección popular de consejeros y magistrados podría priorizar habilidades políticas sobre conocimientos técnicos y experiencia en materia electoral.
Desmantelamiento de la estructura profesional y permanente del INE: La propuesta plantea la desaparición de la burocracia electoral profesional y permanente, distribuida en las 32 entidades y 300 distritos electorales del país.
En su lugar, se crearían órganos temporales y auxiliares, lo que erosionará la logística y organización de las elecciones.
Eliminación del financiamiento público a los partidos políticos fuera de las campañas electorales, lo cual podría generar:
Desigualdad en la competencia electoral: Los partidos políticos sin recursos permanentes podrían buscar financiamiento alternativo, lo que podría llevar a una mayor influencia de intereses particulares –como la del narcotráfico, que ya es enorme– y desequilibrios en la competencia electoral.
Debilitamiento de la institucionalización de los partidos: La falta de recursos permanentes podría afectar la capacidad de los partidos para mantener estructuras organizativas y prepararse para las elecciones.
Reducción del tiempo de acceso a la radio y la televisión en tiempos oficiales del Estado: La propuesta plantea reducir el tiempo total de acceso a 30 minutos diarios, lo que afectará la capacidad de los partidos políticos para difundir sus mensajes y propuestas.
Disminución del tamaño y capacidad de los órganos representativos: La propuesta plantea eliminar 200 diputaciones federales y 32 senadurías, lo que debilitará la representación ciudadana y la capacidad de los legisladores para ejercer su función de control y vigilancia sobre el Ejecutivo.
Esto, obviamente, dañará los intereses del PT o PVEM, hasta hoy aliados de Morena.
Cambio en el sistema de representación: La propuesta plantea eliminar los diputados y senadores de mayoría y pasar a un sistema de representación plurinominal con listas cerradas, lo cual causará que la distribución de escaños por entidad federativa podría favorecer a los partidos con mayor presencia en entidades pequeñas y penalizará a partidos con electorado concentrado geográficamente.
En general, la reforma electoral impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum generará un retroceso en la democracia mexicana, afectando la independencia y capacidad operativa del INE, la competencia electoral y la representación ciudadana.
Nunca más el ciudadano tendrá verdadero poder mediante su voto.
Se habla de que se realizarán foros y encuestas para “conocer” la opinión de los ciudadanos, pero no se necesita ser adivino para anticipar sus resultados.
Basta ver quiénes son los 7 integrantes –en realidad comisarios político, en el sentido estalinista del término– de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, para advertir de qué tamaño son todos los peligros detrás de la propuesta: Pablo Gómez, Rosa Icela Rodríguez, José Peña Merino, Ernestina Godoy Ramos, Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas y Arturo Zaldívar.
¡Sólo faltó Andy López Beltrán!
Y no es broma.
