Otro caso concluido por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de obvia y documentada corrupción por parte del ex alcalde del PRIAN Eduardo Rivera Pérez, es el relacionado con la Obra No. 40495 de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del Ayuntamiento de Puebla.
Este expediente es uno de los más escandalosos y graves, ya que el desfalco al erario ascendió a más de 73 millones de pesos.
Se trata del “Proyecto Integral a Precio Alzado para el Mejoramiento Vial en la Avenida Osa Mayor en el Municipio de Puebla, en el estado de Puebla”.
Monto Contratado: $73,329,202.38
Monto total ejecutado: $73,167,635.11
Monto Observado: $73,167,635.11
En la revisión del proyecto ejecutivo, específicamente del proyecto hidrológico e hidrosanitario, se detectó una discrepancia entre el alcance original y la obra ejecutada.
El proyecto contemplaba la construcción de tres cisternas con capacidad de 70 metros cúbicos cada una, cada una equipada con una bomba de achique de 7.5 H.P., y con conexión de salida a la red de drenaje existente.
Sin embargo, las estimaciones de obra y el plano final (as-built) indican que únicamente se construyó una cisterna con capacidad de 60 metros cúbicos, equipada con una bomba de achique de 20 H.P., conectada a la red de drenaje existente.
¿Dónde quedaron las otras dos?
Las cobraron, pero no las construyeron.
Y se robaron el dinero.
Pero eso no es todo:
No se encontró evidencia documental que justifique este cambio; en particular, no se presentó ningún documento firmado por el corresponsable de Instalaciones Hidrosanitarias que avale la factibilidad de la reducción realizada.
Pero, como ya se dijo, cobraron completitos los más de 73 millones de pesos.
La obra fantasma de Eduardo Rivera y cómplices estuvo a cargo de Ramírez & García Constructora S. A. DE C. V., cuyo representante legal es Pedro García Isidro.
La ASE buscó el domicilio reportado por esta empresa (Privada del Niño Jesús s/n Sta. María Coapan, Tehuacán, Puebla), pero no fue localizado.
Las anomalías en la Obra No. 40495 se dieron desde el proceso de licitación pública.
Dos de las empresas participantes (Constructora GAYPE S. A. de C. V. y ADET Concstrucción Inmobiliaria S. A. de C. V.) tienen como representante legal a la misma persona: Felipe de Jesús García Mancinas.
Esta coincidencia confirma una obvia vinculación entre los licitantes, lo que ayudó a favorecer indebidamente a la empresa ganadora.
Dicha situación contraviene lo establecido en el Artículo 30, fracción VI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Puebla, el cual prohíbe la existencia de indicios que impliquen acuerdos entre participantes que puedan otorgar ventajas indebidas en el resultado final del procedimiento.
Asimismo, se incumple lo dispuesto en el Artículo 55, fracciones VI y VII, así como en el Artículo 47 del Reglamento de dicha Ley.
Más burdos no pudieron ser.
Este caso, el de la obra fantasma, podría llevar a la cárcel al exalcalde Eduardo Rivera.
Pero no es el único ni el último caso de obvia y documentada corrupción.
Hay más, muchos más, y esta semana le seguimos.
Cuánta razón tiene el gobernador Alejandro Armenta Mier cuando señala que los gobiernos del PAN saquearon lo que pudieron –y pudieron mucho– a los poblanos.
En eso, Eduardo Rivera es, sin asomo de duda, el campeón de campeones.
