Algo apesta en torno a la licitación otorgada a la empresa Autotraffic S. A. de C. V., propiedad de Alfonso Vélez Iglesias, quien no hace mucho volvió a recuperar el millonario negocio de las fotomultas.
Como ya lo he informado en otras ocasiones, Autotraffic es una empresa poblana que surgió y tuvo su auge en 2013, en la administración morenovallista.
El pasado 26 de mayo del año en curso, la titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Josefina Morales Guerrero, reveló que –por tercera vez consecutiva– Autotraffic se haría cargo de las fotomultas y del antiguo programa Monitor Vial, luego de haber ganado una licitación para ello.
En ese momento, la funcionaria explicó que tras la publicación de la convocatoria –el 30 de abril pasado– (GEP-SPFA-LPN-088-247/2025), se registraron seis empresas participantes que intentaron ofrecer el servicio, aunque el contrato, el cual concluirá hasta el próximo 31 de diciembre de 2027, lo ganó Autotraffic.
Autotraffic es una empresa que inició operaciones en 2013, pero que concluyó sus servicios luego de que el exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta la vetó e impidió que se volviera hacer del contrato de las fotomultas.
Y es que Barbosa acusó que Autotraffic era una empresa que solo operaba un programa recaudatorio y no de prevención de accidentes viales, por lo que le adjudicó el servicio directamente a la empresa Interproof, misma que operó hasta el 2022. Tras la muerte de Miguel Barbosa –en 2023– el servicio de fotomultas se volvió a licitar.
Fue en ese momento que Autotraffic ganó la licitación y volvió recuperar el millonario negocio, pues hasta que concluyó la administración del exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ahora titular del Instituto Nacional de Migración (INM), dejó de operar.
Sin embargo, un análisis detallado de los requerimientos solicitados en la licitación GEP-SPFA-LPN-088-247/2025 advierte que el proceso podría haber sido amañado y/o una simulación para imposibilitar la participación abierta y justa a cualquier empresa que no fuese Autotraffic.
Se habla de una presunta licitación amañada, sobre la que “alguien” del Gobierno estatal diseñó bases a modo para que Autotraffic ganara sin problema alguno, como si no fueran graves los casos de corrupción que pudieran darse en el gobierno.
Según los datos de la propia licitación, existe lo siguiente:
1. Las características de los equipos solicitados en la licitación corresponden a una marca y modelo en específico (Adaptative Recognition), incluso en el Anexo 2 se hace mención del requerimiento del software llamado “Carmen”, en el apartado de “Inteligencia a Bordo”, lo cual evidencia que únicamente esa marca cumple con las especificaciones.
Esto, por supuesto, violenta el artículo 40 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, toda vez que no es posible que se les haya pasado la mano, o se hayan equivocado, y no se fijaron que plasmaron una marca de equipos en específico.
2. Lo burdo es que el único distribuidor en México de la marca Adaptative Recognition, es ni más ni menos que Autotraffic, actual proveedor del servicio y ganador de la licitación. Esto a todas luces violenta el derecho constitucional del resto de los participantes que presentaron una propuesta competitiva.
3. En la licitación se solicita que el participante cuente con un centro de procesamiento de infracciones dentro de la ciudad de Puebla (como si tener operaciones en San Andrés y San Pedro fuera una imposibilidad para dar el servicio); esta solicitud no solo hace evidente el sesgo hacia la empresa Autotraffic sino que también violenta el artículo 40 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
4. Se pidió que el licitante tuviera experiencia comprobable en servicios iguales o similares, pero con las mismas características de los equipos que se solicitaron, lo que convirtió a Autotraffic, único distribuidor en México de la marca, en el único que podía cumplir.
A pesar de ello, es una realidad que existen distintas empresas en México con igual o mayor experiencia en este tipo de servicios, incluso con equipos iguales o mejores.
5. Dentro de los requisitos solicitados se pidió una carta donde el licitante, bajo protesta de decir verdad, indicara que no había tenido alguna penalización, sanción, cancelación, incumplimiento, recisión, suspensión o terminación anticipada por causas imputables a la empresa, por lo que la solicitud incumplió con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Y es que solo es necesario solicitar la “Constancia de No Inhabilitado”, emitida por la Función Pública, por lo que al mismo tiempo imposibilitó al resto de los participantes sobre cumplir con un requisito no sustentado.
Todos estos elementos se constituyen como evidencia dentro de las bases de licitación para demostrar cómo es que alguien del Gobierno estatal amañó el proceso para beneficiar a Autotraffic.
¿Y qué creen?
Todo apunta a que habría sido alguien que heredó la actual administración del pasado gobierno.
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El accidente de Fredy Aco
Afortunadamente, el accidente que sufrió el periodista Fredy Aco no le cobró la vida, aunque le dejó una grave secuela de la que seguro se recuperará pero con mucha terapia, calma y paciencia.
Tras el percance, las muestras de cariño para con Fredy, sobre todo en redes sociales, son el reflejo de la buena persona y ser humano que siempre ha sido, algo que lo caracteriza desde que trabajamos juntos en el periódico Síntesis.
Y no fue influyentismo, ni preferencia, ni nada de eso, lo que se exigió de parte del gremio periodístico en Puebla fue que se hiciera justicia, nada más. Porque el responsable de haberlo atropellado, Juan Ramón N, se fue muy campante a su casa después de haberle destrozado la pantorrilla y el pie derecho.
Extrañamente, la Guardia Nacional, sin ser perito o Ministerio Público lo indultó y lo dejó ir, y él, sin el mayor pudor, recato y con todo el cinismo, se largó, a pesar de ver a su víctima tirado y desangrándose.
No se pide otra cosa que justicia y que se repare el daño en todos sentidos, porque ya sus gestores en los medios andan ofreciendo mediar para resolver el problema, un tema que ya es un asunto legal y que compete a los abogados.
Y ni sus defensores asustan, ni las amenazas dan miedo. Vamos con Fredy hasta donde tope.
Lo que sí hay que reconocer es el apoyo del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien ha estado atento y pendiente de la evolución de Fredy, a quien Dios cuida desde el momento del accidente.
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