En otro capítulo del activismo de papel –ese que confunde el reflector con la estrategia– el Comité Ejecutivo Nacional del PAN presentó el pasado martes una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 480 del Código Penal de Puebla, que tipifica el delito de ciberasedio.
Una figura recientemente incorporada al Código, sí, pero que no es de materia electoral.
Y ese pequeño gran detalle lo cambia todo.
Porque aunque los partidos políticos pueden presentar acciones de inconstitucionalidad, la Constitución solo los faculta para impugnar normas en materia electoral. Todo lo demás les queda fuera.
Lo dice con absoluta claridad el artículo 105, fracción II, inciso g) de la Constitución:
“Los partidos políticos con registro ante el INE podrán presentar acciones de inconstitucionalidad […] exclusivamente en contra de normas electorales federales o locales”.
No hay margen de interpretación.
No se necesita un jurista.
No es electoral.
Y punto.
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Aquí no se discute el contenido del tipo penal, ni su pertinencia, ni sus riesgos a la libertad de expresión –esa gran entelequia.
Eso será materia de otros debates, en otros foros, con otros actores.
Esta vez se trata de procedimiento.
Y el procedimiento está mal desde el inicio.
La acción presentada no tiene destino jurídico.
No llegará al fondo.
Será desechada en la etapa inicial, por improcedente.
Porque simplemente no se puede tramitar por ese canal.
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Y entonces surge la pregunta ineludible:
¿Quién le vendió esta idea a Mario Riestra, a Genoveva Huerta o a Jorge Romero?
Porque esto no parece una estrategia legal bien pensada, sino una jugada de escritorio, pensada para salir en la nota, para alimentar redes, para aparentar “acción”… sin ninguna consecuencia.
Una llamarada de petate.
Un desesperado esfuerzo de Riestra para fingir que es oposición cuando todo Puebla sabe que tuvo un tórrido amorío con el armentismo, al cual luego traicionó al orquestar y patrocinar la guerra de bots contra el gobernador y su entorno (José Luis García Parra incluido) en el marco de la Ley de Ciberasedio.
Lo ayudaron a llegar a la dirigencia estatal del PAN y a derrotar al empleado de El Yunque, Eduardo Rivera Pérez, y luego clavó el puñal por la espalda.
Sí, fiel a su naturaleza.
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Mientras tanto, en la arena real –el Congreso local– el tema sigue avanzando sin freno y sin contrapeso.
Al parecer será este jueves cuando se presentará y votará en el pleno la reforma al artículo 480 de Código Penal que castiga con prisión el ciberasesedio.
Y en los tribunales federales, los amparos promovidos han sido escasos, mínimos, ínfimos.
No hay litigio articulado.
No hay defensa judicial real.
No hay trinchera abierta.
Solo actos de teatro.
Diría el clásico: Puro ron de asombro.
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Para colmo, ni siquiera hubo alineación interna en el PAN.
Mientras Mario Riestra anunciaba la impugnación, en la dirigencia nacional se desmarcaban discretamente, y entre cuadros estatales nadie sabía si la idea venía con respaldo real o si fue un arrebato local.
Ni estrategia.
Ni consenso.
Ni sentido común.
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La “oposición” en Puebla sigue sin entender las pelis reales.
No hace política. Hace puestas en escena.
No conoce la ley, pero cree que por hablar de la Corte ya ganaron autoridad moral.
No hace oposición, pero simula dar la batalla con tinta inútil.
Y al final, otra vez, lo que pudo ser un debate serio se convirtió en un trámite que nació muerto, sin destino ni consecuencias.
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Una acción jurídica sin destino.
Un desatino político innecesario.
Y una pregunta que sigue sin respuesta:
¿Quién engañó al güero Rabbit?
