En las últimas semanas, el municipio de Xoxtla ha sido escenario de un conflicto social protagonizado por grupos que aseguran defender el agua, pero cuyas acciones han frenado obras, sabotearon infraestructura hidráulica y pusieron en riesgo el suministro para cientos de miles de poblanos.
El caso de Renato N., quien enfrenta procesos legales por incitación a la violencia y daño patrimonial, revela una disputa más profunda: el intento de controlar un recurso vital con fines políticos y personales, a costa del bienestar común.
Veamos los antecedentes, para que ubiquemos bien en tiempo este conflicto. El 12 de enero de 1998, el Gobierno del estado, Conagua, SOAPAP y autoridades de Xoxtla firmaron un convenio para la perforación de seis pozos: tres para la zona metropolitana de Puebla y tres para uso exclusivo de Xoxtla. A cambio, se acordó que SOAPAP asumiría el mantenimiento de los pozos locales y el pago de energía eléctrica.
Desde entonces, estos compromisos han sido cumplidos puntualmente por SOAPAP y su concesionaria, Agua de Puebla para Todos, y quien diga lo contrario miente.
Sigamos aclarando las cosas. ¿Quién recibe el agua y para qué se usa? Los pozos Hylsa 1, 2 y 3 –con un caudal combinado de 330.5 litros por segundo– abastecen a 40 mil familias poblanas, principalmente en zonas populares del centro y sur. La distribución es: 85% a familias vulnerables, 12% a colonias de clase media, 3% a hospitales, escuelas y dependencias públicas.
Cabe señalar que ninguna gran industria recibe agua de estos pozos, empresas como Volkswagen o Ternium cuentan con sus propias concesiones directas con Conagua.
¿Qué pasa con Xoxtla? Xoxtla produce actualmente 46 litros por segundo, pero necesita al menos 86 para servicio continuo. El desabasto no obedece a una “explotación externa”, sino a años de mala gestión por parte de un comité privado encabezado por Pascual Bermúdez, que cobra por el agua sin invertir en mantenimiento. Ojo con este último dato clave.
Un sabotaje disfrazado de activismo. En 2021, Agua de Puebla y el Ayuntamiento de Xoxtla firmaron un acuerdo para perforar el pozo “La Luz”, con 100 litros repartidos equitativamente entre Puebla y Xoxtla. Pero el proyecto fue bloqueado por grupos que desinformaron a la comunidad, y el 28 de mayo de 2025, una turba encabezada por Renato Romero incendió tuberías y bloqueó la autopista México-Puebla.
Las pérdidas económicas y humanas fueron severas: miles de pasajeros afectados, vuelos perdidos, citas médicas suspendidas. Pero lo más grave: el riesgo de interrumpir el abasto para más de 600 mil personas. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? La respuesta fue trabajo técnico y no confrontación.
Cabe señalar que, el pasado 11 de abril de 2025, SOAPAP, Agua de Puebla y la presidenta municipal Guadalupe Ortiz firmaron un acuerdo que incluye: Diagnóstico y rehabilitación de pozos, equipamiento del pozo “La Luz” y su conexión, construcción del pozo “La Luz 2”, suministro con pipas, desazolve de redes, y formalización jurídica del predio hidráulico.
Todos estos compromisos se están cumpliendo, y las obras avanzan a pesar de la resistencia de quienes se benefician del caos y la comunidad lo sabe.
Por lo que respecta a la empresa Agua de Puebla, esta ha venido cumpliendo sus compromisos, mediante una inversión histórica y visión ambiental.
La nueva administración de Agua de Puebla, encabezada por Jordi Bosh Bragado, ha emprendido una transformación integral del servicio con una inversión superior a los 2 mil millones de pesos. Sus acciones no solo se centran en renovar infraestructura, sino también en: mejorar la extracción y potabilización eficiente del agua, el saneamiento de aguas residuales, la protección del medio ambiente y uso responsable del recurso, así como campañas de cultura hídrica y alianzas con municipios conurbados.
El programa “Regularízate”, lanzado en 2025, ha beneficiado a 66 mil usuarios en 108 colonias vulnerables, brindando descuentos y facilidades a quienes enfrentaban irregularidades en su servicio.
Los falsos activistas, verdadero retroceso. Renato y los grupos que lo respaldan no representan una causa social, sino un obstáculo al desarrollo de los pueblos. Su activismo es fachada. Lo que buscan es mantener el control de un recurso para fines personales y políticos.
Sus acciones han puesto en riesgo el abasto de agua para más de 600 mil poblanos, afectando directamente a quienes más lo necesitan. Además, se tiene información de que planean una asamblea el 30 de julio con personas traídas de otros estados (Chiapas, Oaxaca, Edomex), para simular un respaldo social que ya no tienen.
En conclusión: el agua es de todos, no de unos cuantos. El conflicto en Xoxtla no se trata de defender el agua, sino de quién quiere seguir lucrando con ella. Mientras los falsos activistas destruyen, Agua de Puebla y SOAPAP trabajan, invierten y solucionan.
El futuro del agua en Puebla no debe estar en manos de quienes bloquean su flujo, sino de quienes garantizan que llegue, limpia y segura, a todos los hogares. ¿O díganme si me equivoco?
