Un tribunal colegiado del estado de Jalisco declaró culpables a diez hombres detenidos en el Rancho Izaguirre, presunto centro de operaciones del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su participación en los delitos de desaparición cometida por particulares, desaparición agravada y homicidio calificado en agravio de tres personas.
Tras siete días de juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Distrito I, con sede en Puente Grande, encontró que los acusados participaron de manera conjunta en los crímenes ocurridos en septiembre de 2024 en dicho rancho, ubicado en el municipio de Teuchitlán, al oeste de Guadalajara.
Los sentenciados fueron identificados como Kevin N. (también conocido como Lennin N.), David N., Gustavo N., Christopher N., Juan Manuel N., Óscar Iván N., Erick N., Luis Alberto N., Ricardo Augusto N. y Armando N.
La audiencia de individualización de sanciones fue programada para este martes 8 de julio a las 9:30 de la mañana, en la cual se definirán las penas que podrían superar los 40 años de prisión.
Un operativo que destapó más que un centro criminal
Los hechos se remontan al 18 de septiembre de 2024, cuando elementos de la Guardia Nacional acudieron al Rancho Izaguirre tras recibir un reporte por detonaciones de arma de fuego en la comunidad de La Estanzuela. Al arribar, fueron recibidos con disparos, lo que desencadenó un enfrentamiento.
Una vez controlada la situación, los elementos de la Guardia Nacional ingresaron al inmueble, donde hallaron a una persona sin vida, rescataron a dos víctimas privadas de su libertad y detuvieron a los diez hombres que hoy recibirán sentencia.
El lugar fue identificado posteriormente por la Fiscalía General de la República (FGR) como un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del CJNG. Sin embargo, colectivos de búsqueda de desaparecidos, como Guerreros Buscadores de Jalisco, han insistido en que el sitio funcionaba además como un centro de exterminio.
En marzo de 2025, dicho colectivo ingresó nuevamente al rancho y reportó el hallazgo de fragmentos óseos carbonizados, cientos de prendas de ropa, calzado y objetos personales, lo que reforzó sus sospechas. Las imágenes difundidas –que incluían zapatos, casquillos y cartas de despedida– causaron indignación social y renovaron las demandas de justicia.
Fiscalía niega existencia de crematorio
La versión de un crematorio clandestino ha sido negada por la FGR. El fiscal general del país, Alejandro Gertz Manero, señaló el 29 de abril de 2025 que “se encontró una pequeña vasija con fragmentos muy pequeños de huesos con una antigüedad muy importante”, pero que no existían osamentas completas ni estructuras que pudieran confirmar un crematorio.
“¿Había ahí un sitio de cremación? No hay una sola prueba que acredite ese dicho”, afirmó Gertz. “Tenemos ya totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del Cartel Jalisco Nueva Generación”, agregó.
Alcalde implicado
El caso también ha salpicado a funcionarios públicos. El 3 de mayo de 2025, fue detenido José Asunción Murguía Santiago, entonces alcalde de Teuchitlán por Movimiento Ciudadano, acusado de delincuencia organizada. Según la FGR, el exedil facilitó las operaciones del CJNG mediante actos de omisión, protección directa y encubrimiento, además de estar presuntamente vinculado a una red de huachicol fiscal operada por el cartel.
Reflejo de la crisis nacional
El caso del Rancho Izaguirre ha sido calificado por organizaciones civiles como “la punta del iceberg” en medio de la crisis de desapariciones en México. La Secretaría de Gobernación ha reconocido que más de 125 mil personas están desaparecidas en el país, la mayoría hombres jóvenes entre 20 y 34 años.
Además, organizaciones como Tejiendo Redes Infancia han alertado sobre el reclutamiento forzado de entre 30 mil y 35 mil menores de edad al año por parte del crimen organizado, muchas veces mediante ofertas de empleo engañosas.
Con esta sentencia, las autoridades dan un paso judicial importante en el esclarecimiento de un caso que ha puesto al descubierto las conexiones entre el crimen organizado, el poder local y la vulnerabilidad de miles de jóvenes mexicanos.
