En los últimos días se ha propalado un fuerte rumor de que próximamente podría caer un alto directivo de la empresa Agua de Puebla, o se podría sancionar a un importante exfuncionario de esa compañía, al ser señalado como posible responsable de malos manejos financieros y, sobre todo, haber contribuido al incumplimiento de las obligaciones que marca el título de concesión mediante el cual se privatizó el servicio de agua potable hace 11 años, durante el auge del morenovallismo.
Según lo que se dice en “radio pasillo”, es que si llegara a ocurrir ese señalamiento, seguramente va a ser un asunto que acabaría ventilándose en los tribunales, pues se trataría de un tema de orden penal y también civil.
Eso es todo lo que se sabe acerca de ese rumor.
Como es costumbre, hay un fuerte hermetismo en torno a la compañía Concesiones Integrales, que también se hace llamar Agua de Puebla, así como en el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), que es el órgano regulador de la empresa privatizadora del agua, que impide saber si efectivamente podría haber algún proceso legal contra algún ejecutivo –en funciones o retirado– de la firma que controla el suministro del recurso hídrico.
Se ignora si este posible suceso tenga algo que ver con la súbita caída que, en diciembre de 2024, protagonizó Héctor Durán Díaz, quien era director general de Agua de Puebla y se volvió el rostro emblemático de los abusos que ha cometido la concesionaria contra los usuarios domésticos, comerciales y empresariales del servicio de agua potable.
Hace siete meses, simplemente en un día común y corriente, cuando Héctor Durán se disponía a ingresar a sus oficinas los guardias de la entrada que siempre los saludaban con el tradicional “buenos días, señor director”, en esa ocasión le plantaron rostros secos y hoscos para decirle que, “por órdenes superiores”, no podía entrar.
Un trato similar, de no dejarla pasar a sus oficinas, le dieron a Marisol Aguilar Sánchez, quien era la directora de Atención Ciudadana y “brazo derecho” de Héctor Durán.
La mañana fría de ese 19 de diciembre de 2024 no se dejó sentir en las oficinas centrales de Agua de Puebla, pues ese día la temperatura ardió por la renuncia “obligada” de los principales directivos de la empresa.
Visto de otra manera, a Héctor Durán y a Marisol les dieron el mismo trato despótico que, a lo largo de los últimos 10 años, ellos mismos ordenaron contra cientos de usuarios que se han topado con la conducta violenta de los funcionarios de Concesiones Integrales que nunca explican el alza en las tarifas, las causas de la escasez del agua o la mala calidad del líquido, así como el criminal corte del servicio de drenaje para quienes no están al corriente de los abusivas tarifas de la concesionaria.
La remoción de Durán se dio 13 meses después de qua le empresa Xinfra Fibra E, de capital chino, compró más del 60% de las acciones de Concesiones Integrales.
Se dijo que a Durán lo echaron por una supuesta investigación que inició el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por una posible evasión del pago de impuestos.
También se especuló que Durán tendría una larga lista de bienes materiales que no correspondían a sus ingresos económicos reportados al SAT, que incluía un costoso vehículo Tesla, una casa en La Vista, además de varias propiedades inmobiliarias en Atlixco.
Dichas versiones nunca se pudieron confirmar, como parte de la opacidad que rodea a Concesiones Integrales y que fue solapada por los gobiernos del PAN y, sobre todo, desde hace siete años, por la 4T.
Tampoco se sabe si esa posible remoción de un alto directivo en torno a la concesión del agua, tal como se ha rumorado en los últimos días, podría tocar a la inexplicable permanencia al frente del SOAPAP de Gustavo Gaytán Alcaraz, quien es director de ese organismo desde que se privatizó el agua y estaba en boga el gobierno panista de Rafael Moreno Valle Rosas.
El SOAPAP y Gustavo Gaytán, a lo largo de los últimos 11 años, en lugar de haber obligado a Concesiones Integrales a cumplir sus obligaciones, se volvieron en los garantes de la impunidad que envuelve a la compañía privatizadora del agua.
Tal vez no acabe ocurriendo nada en torno a Concesiones Integrales o Agua de Puebla, lo que no sería raro, pues todo lo que pasa en esta compañía es opaco y abusivo.
Y si realmente se procede contra un directivo de la empresa en cuestión, acabará siendo como darle “un mejoralito a un enfermo de pulmonía”. No habrá justicia de todos los atropellos que se han cometido con el manejo del agua entubada.
