Hay un documento fundamental para entender la grave crisis de inseguridad que sufre México y de la que Puebla lamentablemente no escapa, como lo han vuelto a corroborar el asalto a mano armada a un automovilista en pleno bulevar 5 de Mayo y el asesinato de un ciudadano estadounidense durante un intento de robo en el estacionamiento subterráneo de Plaza Solesta, el pasado viernes.
Ese documento es “México: Seguridad Ciudadana y Democracia”, elaborado por el Programa de Seguridad Ciudadana Ibero y coordinado por Ernesto López Portillo, uno de los más prestigiados especialistas independientes en seguridad ciudadana y reforma policial en México y América Latina.
La investigación es puntual en la descripción de la gran tragedia que en la materia vive la nación desde hace varios sexenios, aunque agudizada en los últimos seis años.
Lo peor es que, concluyen los académicos, no se ve luz al final del túnel y menos si se persiste y ahonda en el modelo de poner en manos de militares la labor que deberían desempeñar los civiles.
Señalan que México vive una crisis de seguridad sin precedentes en su historia reciente. Pese a reformas legales, la creación de instituciones y el aumento sostenido del gasto público en la materia, los homicidios intencionales se mantienen en niveles epidémicos desde 2008.
Otros delitos de alto impacto, como la extorsión y las desapariciones, se han expandido a lo largo del territorio.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) cumplió 30 años en funciones.
En ese tiempo, se han creado siete corporaciones policiales federales, la mayoría de las cuales han sido desmontadas y reemplazadas con cada nuevo sexenio.
La última reforma en la materia fue la recientemente impulsada, en medio de una enorme polémica, por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la propuesta de un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia y la creación de una nueva institución federal de investigación e inteligencia.
Hasta 2006, la tasa de homicidios mostraba una tendencia a la baja. Sin embargo, al finalizar el sexenio de Felipe Calderón, esta tasa había pasado de 8.1 por cada 100 mil habitantes en 2007 a 22.2 en 2012.
Alcanzó un pico de 29.3 en 2018.
Entre 2006 y mayo de 2024, el despliegue militar en tareas de seguridad pública aumentó de 43 mil 425 efectivos en 2007 a 100 mil 226 en noviembre de 2024.
Mientras tanto, el número de personas desaparecidas y no localizadas ascendió a 126 mil 938, según el registro actualizado al 7 de abril de 2025.
Y en el epicentro del problema, la impunidad, que sigue siendo una constante: se estima que cerca del 93% de los delitos no se sanciona.
En 2024, entre las 10 autoridades más señaladas en expedientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre presuntas violaciones a derechos humanos, la Secretaría de la Defensa Nacional ocupó el noveno lugar (451 casos) y la Guardia Nacional, el décimo (432 casos).
La persistencia de la violencia también se refleja en el aumento de atrocidades cometidas por el crimen organizado, que sumaron 4 mil 708 incidentes en 2024.
A pesar de ello, por primera vez una encuesta bimestral registró una mayoría de opiniones favorables sobre el desempeño presidencial en materia de seguridad pública. Esta valoración contrasta con la percepción aún mayoritariamente negativa respecto al combate contra el crimen organizado.
No es posible determinar con certeza las razones detrás de esta mejora en la evaluación presidencial, pero podría estar relacionada con un incremento de operaciones de seguridad en este sexenio y con los informes oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que sistemáticamente reportan una disminución generalizada de delitos.
Sin embargo, estas cifras son engañosas, pues omiten que la tasa de subregistro de delitos alcanza el 92.9 por ciento.
La crisis de seguridad en México se agudizó a partir de 2007. Mientras en 2006 la tasa nacional de homicidios era de 9.6 por cada 100 mil habitantes, algunas entidades han registrado incrementos alarmantes.
Colima, por ejemplo, cerró 2024 con una tasa de 103.1.
Aunque las cifras de homicidios intencionales han mostrado cierta reducción en los últimos años, el número de personas desaparecidas sigue en aumento, pasando de aproximadamente 5 mil 500 en 2015 a 126 mil 938 al 7 de abril de 2025.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización del Inegi, en 2023 hubo 21.9 millones de víctimas mayores de edad, lo que equivale a una tasa de 23 mil 323 por cada 100 mil habitantes.
La cifra negra –delitos no denunciados ni investigados– alcanzó un 92.9 por ciento.
La percepción de inseguridad sigue siendo alta, sobre todo entre las mujeres: 67.8% frente a 54.4% en hombres.
Lamentablemente, la respuesta del Gobierno federal ha sido priorizar el despliegue militar y reformas penales orientadas al castigo, como el aumento de penas y la ampliación de los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, algunos gobiernos estatales y municipales han impulsado modelos alternativos, lo que no es el caso de Puebla.
A pesar de ello, el SNSP no ha sistematizado estas experiencias, lo que impide generar aprendizajes colectivos.
