La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la minuta de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que será discutida en la Cámara de Diputados, podría generar impactos negativos significativos para la operación diaria de miles de negocios formales, especialmente micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
En un comunicado oficial, la organización empresarial expresó su coincidencia con el objetivo de fortalecer la prevención del lavado de dinero, pero subrayó que la propuesta actual implica una sobrerregulación que amenaza la viabilidad de las unidades económicas más frágiles del país.
“Nuestra inquietud se centra en la sobrerregulación que implica esta reforma, al ampliar significativamente las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables”, señaló Coparmex.
Entre las nuevas cargas que impondría la reforma, destaca la obligación de que las empresas identifiquen a todos sus clientes mediante documentación oficial y, en caso de personas morales, recopilen información detallada de sus beneficiarios finales. Además, se exigirá el monitoreo constante de operaciones y la emisión de reportes al Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que implicará un incremento sustancial en la vigilancia fiscal.
“La implementación de esta iniciativa implicaría una inversión significativa en infraestructura tecnológica, capacitación constante del personal y contratación de servicios externos para garantizar la ejecución”, advirtió el organismo.
La Coparmex enfatizó que estas exigencias son particularmente desafiantes para las mipymes, las cuales conforman el 99% del entramado productivo nacional. Muchos de estos negocios, apuntó, no cuentan con los recursos para adquirir o desarrollar sistemas especializados que detecten operaciones inusuales y generen reportes conforme a los formatos oficiales.
Otro punto de preocupación es el régimen de sanciones contemplado. Según el organismo, las multas podrían superar los 7.3 millones de pesos, o equivaler al 100% del valor de la operación. A esto se suma la posible eliminación del requisito de demostrar dolo, lo que abriría la puerta a responsabilidades penales automáticas para los empresarios.
“Reiteramos que la integridad financiera y la reputación global de las empresas mexicanas son fundamentales. Sin embargo, para que cualquier norma sea efectiva, requiere acompañamiento técnico, gradualidad y sensibilidad al entorno empresarial”, subrayó Coparmex.
El organismo hizo un llamado a los legisladores a abrir un espacio de diálogo y análisis técnico con el sector productivo antes de aprobar los cambios propuestos. Además, propuso un modelo regulatorio escalonado, proporcional y con incentivos, que permita cumplir los objetivos de la ley sin poner en riesgo a los generadores de empleo formal.
“Compartimos el objetivo de prevenir el lavado de dinero, pero no a costa de la viabilidad empresarial. México exige instituciones sólidas, normas efectivas y una regulación inteligente que no frene el desarrollo productivo ni castigue a quienes generan empleo”, concluyó el comunicado.
