El pasado 13 de junio, fue aprobada y publicada la Ley de Ciberseguridad, que fue propuesta por el diputado con licencia y actual coordinador de Gabinete del Gobierno estatal, José Luis García Parra, pero propuesta desde noviembre de 2024.
Dicha ley ha generado controversia política, resumiéndola por grupos de oposición a la protección de intereses particulares de algunos miembros del Congreso local y del Gabinete estatal, porque cobró peso luego del ataque que sufrió la secretaria del Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez, en una cuenta de X que, por cierto, está siendo investigada por la Policía Cibernética y en la que ya se involucra a ex funcionarios públicos.
Pero ¿era necesaria una Ley de Ciberseguridad? ¡Claro que sí!
No para censurar cuentas en redes sociales que afectan a los políticos, sino para detener esa otra manera de acosar y lastimar a la sociedad en general, hombres y mujeres que son víctimas de personas que en el anonimato que brindan diversas plataformas digitales como Facebook, X, Instagram, entre otras, sean blanco de amenazas, descalificaciones, difamaciones y hasta usurpaciones de identidad.
De entrada, tipificar estas conductas como delitos ya es un gran avance, pero castigarlos será la joya de la corona en un mundo digital que cada día crece más y con ello también crecen las cuentas y páginas que son creadas con un solo propósito: lacerar a otras personas.
Ahora bien, la Ley de Ciberseguridad generó tanto ruido mediático que el gobernador del estado, Alejandro Armenta, solicitó a la presidenta del Congreso Local, Laura Artemisa García Chávez, que se elaboren foros con los 41 diputados que lo conforman para analizar con la sociedad en general cada uno de sus puntos y que no haya cabida a la desinformación.
De esta manera y dando respuesta a la solicitud del gobernador, la presidenta del Congreso empezará con estos foros, que, ojo, son eso, debates y no consultas ciudadanas, porque hay que repetirlo, es una Ley ya aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Estado, sin embargo, es una realidad que esta ley de manera correcta no se socializó, lo que generó desinformación y desconocimiento total de sus componentes.
Así que cometer el delito de ciberasedio y que se compruebe que ha causado daño físico o emocional a otra persona, establece pena de 11 meses a tres años de prisión, y hasta ocho años de cárcel contra quien usurpe X en Puebla con fines de lucro.
Por lo que esta nueva ley está lejos de atentar contra el trabajo de los periodistas, como se ha divulgado en diversos espacios, en los que se insinúa una censura a medios de comunicación, más bien, hay que reconocer que era necesario aplicar castigos a quienes cobardemente se esconden detrás de una red social.
